El alza de los precios, de la UF y la inflación, entre otras cosas, han marcado un complejo escenario económico para el país, motivo por el cual miles de chilenos y chilenas ven una solución a sus problemas financieros con un nuevo retiro del 10%. Una instancia impensada para el gobierno, quien ha optado por proponer el “Quinto Retiro Acotado”. Pero ¿Qué implica este proyecto?
Este martes, horas antes de que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados deliberara sobre el Quinto Retiro, el Congreso acusó el recibo de un proyecto de ley alternativo, ingresado con urgencia desde el Ejecutivo, el cual tiene como principal objetivo frenar la aprobación de un nuevo retiro del 10% de las pensiones por parte de la ciudadanía.
La iniciativa, planteada bajo un criterio de “seguridad social”, implica que el retiro de fondos aplica solo para “casos excepcionales en los que se autoriza a las y los afiliados del sistema privado de pensiones a realizar retiros de sus fondos previsionales de hasta el 10 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, con un máximo de 150 Unidades de Fomento y un mínimo de 35 UF, exclusivamente para los fines que se indican”, como lo señala el documento oficial.
De esta forma, la opción interpuesta por el gobierno ante el complejo escenario económico del país, propone la ayuda monetaria para personas que se encuentren en alguna de las 6 causales, detalladas dentro de la propuesta de ley y mencionadas a continuación.
En primer lugar, se beneficiarán con este las personas afectadas por el no pago de las pensiones alimenticias, quienes por tanto podrán solicitar un retiro de fondos hasta por el valor total de la deuda. En segundo lugar, a las personas que mantengan deudas vigentes con instituciones de salud, ya sea con seguro previsional de salud pública o privada, así como también prestadores institucionales, las cuales necesiten de este financiamiento para costearlas, situación que deberá ser debidamente acreditada por medio de la Superintendencia de Salud.
En tercer lugar, el paquete de medidas propone que puedan solicitar este retiro quienes necesiten aumentar sus ahorros en pos de lograr postular a subsidios de primera vivienda, establecidos en el Decreto Supremo N°1 y N°49 de 2011 del Ministerios de Vivienda y Urbanismo. En cuarto lugar, el retiro también aplica para quienes deban deudas hipotecarias de hasta 4.000 UF, contraídas hasta el día 31 de marzo de este año, para adquirir la primera vivienda.
En quinto lugar, la administración del presidente Boric también ha propuesto autorizar este retiro para el pago de deudas relacionadas a los servicios básicos, como electricidad, gas y servicios sanitarios, que no se encuentren cubiertas por los subsidios dentro de la Ley N°21.423 y que tengan fecha de vencimiento hasta el 31 de marzo. Por último, el sexto punto establece que podrán optar a este beneficio quienes posean deudas financieras, bancarias y no bancarias, que se encuentren contraídas hasta el 31 de marzo de este año, pero solo si estás han sido adquiridas de manera personal por el afiliado, excluyendo deudas y créditos en los que el titular sea persona jurídica donde el afiliado mantenga alguna participación
La llamada “maniobra” del gobierno, logró dispersar los votos del pleno ante el proyecto del Quinto Retiro, obteniendo así este tan solo 5 sufragios a favor, cuatro en contra y una abstención, lo cual determinó el rechazo de la iniciativa por parte de la comisión. Mientras que, por otro lado, la propuesta del gobierno comenzó enseguida a ser revisada por la Comisión de Trabajo de la Cámara, ganando varios adeptos desde los sectores más afiatados al Ejecutivo.
Sin embargo, esta también posee múltiples detractores, uno de estos es la Asociación de AFP de Chile, quienes hicieron públicas sus críticas hacia el proyecto de ley alternativo del gobierno, “nos parece una reacción improvisada a la discusión del quinto retiro de fondos previsionales”, ya que afirmaron que “convertir el ahorro previsional de propiedad de los trabajadores en el ‘Servipag‘ de las deudas vencidas o por vencer atenta contra la legítima demanda de millones de chilenos y chilenas por tener mejores pensiones”.
