Nuevamente el gobierno de Sebastián Piñera está en el ojo del huracán, esto luego de que un grupo de abogados denunciaran que el ministro de Justicia Hernán Larraín, habría estado trabajando en la disminución de las penas para los condenados por delitos de violación a los Derechos Humanos, amparándose en la Ley N 19.586.
Nelson Caucoto, Francisco Ugás, Pablo Fuenzalida, Francisco Bustos, Andrea Gattini y Carolina Vega, abogados en causas de derechos humanos, señalaron que “existiría responsabilidad del Estado por estas rebajas de penas que violan obligaciones internacionales, además de revictimizar a los familiares de las víctimas que se sienten burladas nuevamente en sus expectativas de lograr plena justicia”.
Esta medida que habría sido tramada por Larraín, cercano a muchos de los beneficiados debido a su estrecha relación con la dictadura, y que para los denunciantes se ha venido dando entre gallos y medianoche, ha beneficiado a numeroso agentes ya condenados por los tribunales de justicia, entre ellos por la Corte Suprema, por ser autores de ejecución y desaparición de personas, entre varios otros delitos.
“Son arbitrarias y absolutamente contrarias al derecho internacional, contraviniendo de manera expresa el Estatuto de Roma y otras normativas, puesto que asumen una forma de impunidad, impidiendo el cumplimiento total de las penas aplicadas por los tribunales de justicia”, expresaron a través de una carta firmada, todos los abogados denunciantes.
Al mismo tiempo, consideran que esta conducta del ministro de Justicia Hernán Larraín, desvirtúa la labor que realiza la Unidad Programa de Derechos Humanos, órgano dependiente de su propia cartera y que es un activo persecutor respecto de los crímenes de la dictadura. Es así como ese programa de DD.HH y los querellantes particulares, abogan por no aplicar la medida de prescripción del artículo 103 del Código Penal y solicitan en sus presentaciones las penas más altas de nuestra legislación para este tipo de delitos.