Editorial
Los reavalúos de bienes raíces agrícolas se han convertido en otra manifestación preocupante del poder sin contrapesos que ejerce el Servicio de Impuestos Internos (SII). Al igual que con los reavalúos urbanos, el proceso es opaco, discrecional, sin transparencia ni defensa efectiva para los contribuyentes. Un poder tributario sin freno que opera en las sombras y cuyo impacto puede arrasar con pequeños productores, parceleros y agricultores medianos sin que nadie, en la institucionalidad, parezca dispuesto a levantar la voz.
Hoy, gracias a una investigación especial iniciada por la Contraloría General de la República, nos enteramos de que en 2024 se aplicó un reavalúo agrícola que ha generado profunda molestia e incertidumbre entre los contribuyentes rurales. Según informó El Mercurio (22 de mayo, p. B1), la Contralora Dorothy Pérez ha sido clara: la entidad no puede calificar la corrección tributaria de las alzas, porque esa es atribución del SII; solo puede fiscalizar la metodología. Y ese límite institucional desnuda el problema de fondo: el Estado le ha entregado al SII un poder técnico, normativo y sancionador que actúa como juez y parte sin verdadera fiscalización externa.
¿Dónde están los parlamentarios? ¿Dónde los defensores del campo, los representantes de regiones, los fiscalizadores incansables que se escandalizan por mucho menos cuando se trata de cuotas de pesca, subsidios urbanos o pasajes de avión? ¿Por qué, cuando se trata de un SII que puede duplicar o triplicar contribuciones sobre terrenos productivos sin justificar sus parámetros ni comunicar oportunamente los cambios, todos desaparecen? ¿Por qué callan?
Un reavalúo no es una simple actualización técnica. Cuando se hace sin transparencia, puede significar la pérdida del capital productivo de una familia campesina. Puede implicar tener que vender parte del predio para pagar contribuciones por terrenos que nunca han sido urbanizados. Puede empujar a agricultores pequeños a la informalidad, al endeudamiento o al abandono de la actividad. Y cuando el SII no da respuesta, ni explica con claridad los supuestos del alza, ni otorga vías reales de reclamo, lo que hay no es un sistema tributario moderno, sino un aparato fiscal deshumanizado que opera por encima de las reglas del Estado de Derecho.
Chile necesita urgentemente reformar el sistema de reavalúos, tanto urbanos como agrícolas. No basta con informes técnicos que llegarán en octubre. Se requiere legislación que establezca contrapesos reales, métodos auditables, plazos razonables, y sobre todo, una defensa automática y gratuita para el contribuyente ante cada ajuste masivo del avalúo fiscal. Porque cuando el SII revalúa, no manda una carta: ejecuta, cobra, amenaza y embarga. ¿Y quién protege al afectado?
La autoridad política no puede seguir mirando para el lado. Los legisladores deben actuar, y la ciudadanía debe exigirlo. Porque cuando el Estado olvida su deber de justicia y proporcionalidad, cuando los organismos técnicos se vuelven absolutos, y cuando los afectados no tienen voz ni defensa, lo que se instala no es solo abuso, sino el germen del descrédito institucional.
El campo chileno, y los miles de contribuyentes que viven del trabajo en la tierra, merecen algo mejor que un reavalúo arbitrario y un silencio cómplice. Merecen justicia tributaria. Y merecen, también, respeto.