Por Ricardo Rincón González, Abogado.
En el inicio del año escolar, el sistema educativo chileno enfrenta una señal que no es menor: sostenedores denuncian transferencias incompletas, una rebaja del 26% en la subvención de mantenimiento —que por ley debió pagarse íntegramente en enero—, y la ausencia de reajustes y bonos comprometidos para febrero. No se trata solo de una controversia administrativa. Es un síntoma de algo más profundo: un cuadro fiscal más deteriorado del que se ha reconocido públicamente.
El Presidente electo José Antonio Kast, ha hablado de un “gobierno de emergencia”. Algunos han querido reducir esa expresión a una consigna. Pero los hechos sugieren que podría ser una descripción técnica de la situación que recibirá. Cuando se postergan pagos, se difieren transferencias obligatorias o se omite transparentar compromisos devengados, el déficit real no desaparece: se traslada. Y lo que se traslada no es solo contabilidad, es gobernabilidad.
El encuentro con el Presidente saliente Gabriel Boric no debiera limitarse a un saludo protocolar ni a una conversación general sobre continuidad institucional. Hay materias que requieren precisión inmediata, con cifras, documentos y cronogramas de regularización.
1. El déficit estructural real
El punto central es el déficit efectivo y el déficit oculto por postergaciones. Cuando el Estado difiere pagos —subvenciones, transferencias sectoriales, reajustes automáticos— se configura un pasivo exigible que presiona el presupuesto del año siguiente. Eso distorsiona la base de cálculo del nuevo gobierno, comprometiendo su margen de acción desde el primer día.
Un gobierno de emergencia implica:
- Auditoría inmediata de compromisos devengados no pagados.
- Publicación de un “estado de situación fiscal real” al 11 de marzo.
- Identificación de obligaciones sectoriales críticas (educación, salud, seguridad).
2. Educación: la primera alerta
La situación denunciada en educación es paradigmática. Si la subvención de mantenimiento fue rebajada y no regularizada, y si los bonos y reajustes no han sido transferidos, el problema no es solo presupuestario: es operativo. Obras de verano detenidas, proveedores sin pago, personal con incertidumbre.
La educación pública y subvencionada no puede iniciar el año bajo sospecha de desfinanciamiento transitorio. Si los recursos estaban comprometidos por ley, su omisión no es discrecional.
Un gobierno de emergencia, en este ámbito, supone:
- Regularización prioritaria de transferencias obligatorias.
- Informe público de flujos pendientes.
- Establecimiento de un protocolo de transición financiera entre administraciones.
3. Seguridad y orden público
En la reunión entre ambos mandatarios debe abordarse también el estado real de ejecución presupuestaria en seguridad: adquisiciones comprometidas, pagos pendientes a proveedores estratégicos, contratos en curso y obligaciones plurianuales.
No basta anunciar planes; es imprescindible saber qué está financiado, qué está comprometido y qué está diferido.
4. Salud y listas de espera
La experiencia reciente demuestra que el gasto en salud suele tensionarse con pagos atrasados a clínicas, hospitales y proveedores de insumos. Un diagnóstico de emergencia requiere identificar si existen compromisos acumulados que impactarán el primer semestre del nuevo gobierno.
5. Transparencia como punto de partida
Si fuentes cercanas al entrante Ministerio de Educación hablan de “alerta” y de falta de transparencia en reuniones bilaterales, la señal es clara: la transición no puede ser opaca.
La institucionalidad democrática exige algo más que buenas formas. Exige entrega completa de información financiera, estados de ejecución, compromisos vigentes y obligaciones diferidas. No hacerlo implica trasladar incertidumbre y costos políticos al gobierno entrante.
El concepto de gobierno de emergencia no es un gesto dramático. Es una respuesta técnica a un posible escenario de déficit efectivo mayor al informado, producto de postergaciones y compromisos no explicitados.
En ese contexto, la reunión entre el Presidente electo y el Presidente saliente debe ampliar su agenda:
- Estado real del déficit y deuda flotante.
- Compromisos sectoriales diferidos.
- Obligaciones legales impagas.
- Riesgos de caja para el primer trimestre.
- Plan de estabilización fiscal de 90 días.
La legitimidad democrática no se agota en la elección. También se mide en la forma en que se entrega el poder. Si el nuevo gobierno comienza con pasivos ocultos, el costo no lo paga una administración: lo paga el país.
Un gobierno de emergencia no es una consigna electoral. Es, eventualmente, la única forma responsable de asumir cuando las cifras no cuadran y el reloj ya empezó a correr.