Se acerca un nuevo año y el Tribunal Constitucional hace casi dos que no designa integrantes titulares en remplazo de los exministros Gonzalo García y Juan José Romero. Esta indefinición resulta aun más compleja si en unas semanas más terminarán su periodo otros dos ministros titulares.
Recordemos que el quórum mínimo para sesionar de esta judicatura es de 8 integrantes, por lo que, sin estas designaciones, el TC quedaría con 6 ministros titulares y dos suplentes, es decir, en el límite para resolver controversias propias de la Carta Política. Es verdad que, en esta suerte de intoxicación constitucional de la que todos formamos parte en los últimos años, especialmente en el primer proceso constituyente, fuimos testigos de los cuestionamientos y recriminaciones internas y externas sufridas, muchas veces con razón, por esa instancia jurisdiccional, sin embargo, nada justifica que una Institución como ésta no pueda funcionar de manera regular.
¿Qué explica esta situación?, a mi entender son múltiples las razones, pero dos me parecen importantes de destacar. La primera deriva del sistema político y la polarización y atomización en la que se encuentra nuestro Congreso Nacional, dos de las vacantes a llenar deben ser resueltas por la Cámara de Diputados y las otras dos por el Senado. En este escenario de falta de cohesión y desafección, con cerca de 20 colectividades políticas representadas en el parlamento, resulta casi imposible consensuar nombres que integren el Tribunal. La segunda, tal vez más prosaica pero no menos importante, es la remuneración y condiciones para ejercer el cargo de ministro constitucional, donde incluso antes de ejercer, en el proceso de postulación, existe una fuerte controversia y escrutinio público hacia los interesados.
Lamentablemente los fallidos procesos constitucionales hubieran sido una extraordinaria oportunidad para avanzar en mejorar el sistema político y facilitar las designaciones e integraciones de la judicatura constitucional. El tiempo dirá si esa oportunidad vuelve o no a producirse.
Profesor de Derecho Administrativo, Universidad Central