Si bien la distribución de estos elementos es compatible con fuentes históricas y contemporáneas, parte importante de la contaminación sería atribuible a las más de 20.000 toneladas de residuos mineros provenientes de Suecia que fueron depositados en la ciudad como material inofensivo a mediados de la década de los 80.
Entre 1984 y 1985, la empresa Procesadora de Metales (Promel) ingresó a Chile residuos mineros desde Suecia bajo la falsa denominación de “barros con contenidos metálicos” no tóxicos. El cargamento fue depositado al aire libre cerca de la población Sica Sica, exponiendo a miles de personas a altas concentraciones de plomo, arsénico y cadmio. Esto desató una grave crisis sanitaria y ambiental en los noventa, que derivó en la remoción del vertedero, la relocalización de familias, una Comisión Investigadora (2003) y la promulgación de la “Ley de Polimetales de Arica” (2012).
Sin embargo, a más de tres décadas del caso, un estudio del Departamento de Química de la Universidad de Chile, publicado en la revista CLEAN – Soil, Air, Water, advierte que el peligro podría no haber terminado. La investigación detectó concentraciones elevadas de plomo, zinc y arsénico en suelos superficiales de la ciudad. El trabajo fue liderado por el académico Carlos Manzano y el joven investigador ariqueño Diego Ayala, quien vivió dentro del polígono de riesgo y fue beneficiario de la ley de 2012.
Hallazgos y desafíos ambientales
El equipo analizó muestras de 17 puntos de Arica, revelando una contaminación desigual con valores máximos de hasta 487 mg de plomo y 1.740 mg de zinc por kilogramo de suelo. Los sectores con mayores concentraciones incluyeron intersecciones como Linderos con Azolas y Óscar Bonilla con Barros Arana, donde la presencia de múltiples metales podría afectar la salud infantil.
Los expertos explican que los suelos áridos de Arica, con escasa materia orgánica y bajas precipitaciones, actúan como reservorios de sustancias químicas que no se degradan. Además, el viento y la resuspensión de polvo pueden redistribuir los contaminantes. Aunque los focos son compatibles con el antiguo depósito de Promel, también podrían reflejar fuentes urbanas e industriales recientes. Por ello, los investigadores insisten en la necesidad de realizar estudios periódicos y de bioaccesibilidad para determinar cómo estos elementos ingresan al organismo mediante la inhalación de polvo o la ingestión de partículas.
Una norma pendiente
Un aspecto crítico que revela la investigación es que Chile carece de una norma nacional vinculante que establezca concentraciones máximas de contaminantes en suelos según su uso, obligando a usar referencias internacionales. Aunque existen guías metodológicas, no reemplazan una ley obligatoria que fije responsabilidades, plazos y mecanismos de fiscalización.
Los autores señalan que una futura regulación debe considerar la diversidad geológica del norte del país y distinguir entre el aporte natural y la contaminación humana. Asimismo, destacan que, a pesar de medidas como el nuevo Centro de Salud Ambiental en Arica, es vital mantener una vigilancia permanente para proteger a las generaciones actuales y futuras de un conflicto ambiental que cumple más de treinta años.
