Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos hicieron un llamado a dar celeridad a las investigaciones para determinar responsabilidades.
De un total de 3.151 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 2.879 acciones judiciales se encuentran sin personas formalizadas, lo que equivale a que en un 91% de las causas los responsables no han concurrido ante la justicia o no han sido identificados.
Esta es la lapidaria conclusión del INDH en su informe a tres años del estallido social que se conmemora hoy. “Se trata de las violaciones a los derechos humanos más graves y numerosas desde la vuelta a la democracia al país”, asegura la institución al referirse a las vulneraciones a los derechos fundamentales causadas por agentes del Estado en el contexto de la crisis social del 18 de octubre de 2019.
“De las 3.151 querellas interpuestas por el INDH sólo el 9,5% han sido formalizadas. De las 3.626 víctimas asociadas a las querellas, a un 38% de ellas no se le ha tomado siquiera su declaración. Pareciera que las gestiones del Ministerio Público han resultado insuficientes para determinar personas imputadas, y proceder así a la determinación de responsabilidades penales”, aseguró la directora del INDH Consuelo Contreras.
La directora agrega que las políticas de reparación para las víctimas que se han impulsado son insuficientes. “El Gobierno debe proponer una política de reparación integral que incluya medidas dirigidas a la restituir las condiciones o la situación previa a la vulneración de los derechos humanos de las víctimas, entre ellas, por ejemplo, la rehabilitación de los daños físicos o psicológicos padecidos por las víctimas; la indemnización compensatoria a consecuencias del daño o pérdida sufrida”.
En este informe el INDH formuló 15 recomendaciones a organismos del Estado para avanzar en verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición, las cuales fueron enfocadas en cinco ejes principales: poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos; que las fuerzas policiales velaran por el orden público con pleno respeto a los derechos humanos; asegurarle a las víctimas una efectiva justicia y la no impunidad; medidas concretas para la reparación en favor de las personas cuyos derechos han sido vulnerados; y el fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cuya vulneración fue considerada como uno de los antecedentes de la crisis.
