Para quienes laboran en las Corporaciones de Asistencia Judicial, la resolución que puso fin a la modalidad de trabajo remoto afecta especialmente a quienes cumplen roles de cuidado, contraviniendo principios constitucionales y normas del derecho internacional ratificadas por Chile. Esta situación ha llevado a sus dirigentes a evaluar eventuales acciones legales.
Cerca de tres mil trabajadores y trabajadoras de las Corporaciones de Asistencia Judicial fueron notificados del “término de la extensión del régimen de teletrabajo”, decisión adoptada mediante resolución de sus jefaturas directas. El beneficio resultaba particularmente relevante para funcionarios y funcionarias que ejercen labores de cuidado de niños, personas mayores y personas en situación de dependencia.
La medida fue rechazada categóricamente por las organizaciones funcionarias, al considerar que vulnera principios y normas básicas del derecho laboral, especialmente aquellos relativos a la protección de la vida familiar y a la conciliación entre la vida personal y laboral. En ese contexto, no se descarta la adopción de acciones legales.
Desde la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj), junto con criticar la forma en que se adoptó la decisión y la situación de indefensión en que quedan quienes atienden las necesidades jurídicas de los sectores más vulnerables del país, sus dirigentes señalaron que diversos tratados internacionales, convenios de la OIT e incluso la propia Constitución Política de la República consagran el deber del Estado de promover la corresponsabilidad social y parental.
“Así lo establece nuestra Carta Fundamental en su artículo 1°, incorporando además el principio de trato digno y la protección de la vida familiar de las y los funcionarios públicos”, señalaron dirigentes de Fenadaj tanto en comunicados oficiales como en sus redes sociales institucionales.
Finalmente, desde la federación expresaron que, en el marco del debate por el reajuste del sector público, resulta indispensable avanzar hacia una ley de teletrabajo para las y los trabajadores del Estado que lo requieran, con el objetivo de evitar decisiones discrecionales y resoluciones arbitrarias por parte de las jefaturas.