Ya es un hecho, el gobierno ha decretado estado de emergencia “acotado” en la macrozona sur, desechando así la primera propuesta de un “estado intermedio” para abordar los conflictos en la zona tras no recibir el apoyo suficiente para impulsar la iniciativa. La medida que ya comenzó a regir, contempla el cuidado de rutas y carreteras principalmente.
Tras llevarse a cabo este pasado lunes un comité político ampliado en el Palacio de Moneda, la actual Administración de Gabriel Boric terminó por desechar el proyecto de reforma constitucional que consentiría la elaboración de un estado de excepción “intermedio”, el cual establece la protección y resguardo a la seguridad y libre circulación de las personas.
Una propuesta inicial que no logró avanzar debido a la poca organización de la coalición de gobierno, la cual no consiguió llegar a acuerdo para impulsar la iniciativa, motivo por el que finalmente la autoridad decidió aplicar un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, tal como se establece en la actual Constitución, que han llamado estado de emergencia “acotado”.
La medida adoptada, regirá entre las provincias de Arauco y Biobío (octava región) y en La Araucanía, resguardando las rutas y carreteras que las conectan, anunció la Ministra de Interior Izkia Siches, quien afirmó que “los hechos de violencia que ocurren en la macrozona sur hacen más difícil la ejecución de proyectos de desarrollo, perpetuando condiciones de pobreza e inequidad”.
Ante la situación, el gobierno solicitó al Ministerio Público determinar a un fiscal que posea “dedicación preferente” a cargo de las investigaciones relacionadas a hechos de violencia en la zona, así como también las vinculadas al campo del narcotráfico y el robo de madera. Además, el Ejecutivo ha anunciado la reactivación del proyecto de ley que impulsa un Ministerio de Pueblos Indígenas, con el motivo de “fortalecer las capacidades del Estado y así atender las necesidades de nuestros pueblos”, señaló Siches.
“Sabemos que existe mucha pobreza e inequidad, por lo que el diálogo es el segundo componente esencial de esta agenda. Retomaremos la vieja tradición de parlamentar entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, para llegar a acuerdos que respondan a la demanda política, territorial y de buen vivir en materias como vivienda, gestión urbana, telecomunicaciones, entre otros”, agregó la titular de la cartera de interior.
Por último, y frente a los antecedentes presentados, la Administración de Boric ha solicitado el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas, además de tramitar la inversión de más de 400 millones de pesos en mejorar la calidad de vida de los habitantes de las región de la Araucanía y de las provincias de Arauco y Biobío. Adicionalmente, la ministra del Interior ordenó a las actuales autoridades de Conadi reactivar la compra de predios, duplicando el presupuesto asignado a la compra de tierras, a la vez que se implementan nuevos mecanismos para apresurar la restitución de estas.
