Editorial
El Imacec de marzo de 2025 sorprendió positivamente al mercado, registrando un crecimiento de 3,8% en términos anuales, impulsado por la expansión del comercio, la industria manufacturera y una leve recuperación de la minería. No cabe duda de que esta cifra es un alivio en un contexto marcado por el estancamiento de los últimos años, pero aún está lejos de consolidar un nuevo ciclo expansivo. Más que brotes verdes, lo que vemos es un repunte puntual que debe sostenerse y, sobre todo, gestionarse con prudencia.
Los datos acumulados del primer trimestre permiten proyectar un crecimiento del PIB cercano al 2,3% para el año 2025, levemente superior al 2,0% anticipado en la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central de abril. Aunque mejora la confianza, la recuperación sigue siendo frágil, y con riesgos relevantes en el horizonte: bajo dinamismo en la inversión privada, lenta ejecución del gasto público y un mercado laboral que continúa estancado con cifras de desempleo en torno al 8,5%.
La política monetaria como herramienta crítica
En este escenario, todas las miradas se dirigen al Consejo del Banco Central. Desde julio de 2023, la autoridad monetaria ha iniciado un ciclo de reducción de tasas, bajando el tipo rector desde el 11,25% al 6,0% actual (abril 2025). La inflación ha retrocedido más lento de lo previsto, en parte por reajustes tarifarios y alzas en precios regulados, pero se espera que converja al 3% hacia el primer trimestre de 2026. Si esta trayectoria se confirma, existe espacio para al menos dos recortes adicionales de 75 puntos base en la segunda mitad del año, que podrían llevar la Tasa de Política Monetaria (TPM) a niveles cercanos al 4,5% o incluso al 4,0% a fines de 2025.
Esta flexibilización monetaria tendría un doble efecto beneficioso: por un lado, reduciría el costo del financiamiento para empresas y familias, y por otro, permitiría reactivar sectores intensivos en crédito como la construcción, el consumo durable y la inversión en bienes de capital. No obstante, el impacto dependerá de que las expectativas de inflación estén completamente ancladas y de que la política fiscal no actúe en sentido contrario, generando ruido sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.
La inversión aún no despega
Un elemento central de preocupación sigue siendo la inversión privada. Según el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2025, el crecimiento de la formación bruta de capital fijo ha sido débil y concentrado en obras públicas, mientras que la inversión empresarial se mantiene rezagada. Las trabas burocráticas, la falta de certeza regulatoria, la inseguridad jurídica en sectores estratégicos como energía, y el ruido político continúan siendo factores que inhiben la toma de decisiones de largo plazo.
De hecho, la tasa de inversión como porcentaje del PIB ha caído del 23,1% en 2019 al 20,4% en 2024, con una proyección de apenas 20,8% para 2025. Para crecer a tasas sostenidas del 3,5% o más —como Chile necesita para mejorar ingresos y condiciones de vida— se requiere que esta tasa supere el 25% del PIB, algo imposible sin reformas pro inversión.
Expectativas ciudadanas: entre el escepticismo y la urgencia
A pesar de las cifras macroeconómicas algo más alentadoras, las percepciones de los ciudadanos siguen marcadas por el pesimismo. Según la última encuesta Cadem (abril 2025), un 62% cree que el país va por mal camino en lo económico, y un 48% considera que su situación personal ha empeorado en el último año. Esto refleja una desconexión evidente entre los indicadores técnicos y la realidad en los hogares: los ingresos reales aún no recuperan el nivel prepandemia y la informalidad laboral supera el 28%.
Conclusión: se necesita más que crecimiento
Chile tiene ante sí una oportunidad de consolidar la recuperación, pero también enfrenta un dilema estructural: o transforma este repunte en un ciclo virtuoso apoyado por inversión, productividad y confianza, o vuelve a caer en la mediocridad del bajo crecimiento. La política monetaria puede seguir siendo un motor si la inflación lo permite, pero no bastará por sí sola.
La clase política tiene la responsabilidad de dar señales claras: estabilidad fiscal, un marco regulatorio pro-inversión, agilidad institucional y una estrategia país que vuelva a entusiasmar. Solo así, los brotes verdes dejarán de ser un espejismo y se convertirán en desarrollo verdadero y sostenido.