El ex persecutor enfrenta graves imputaciones que, según la Fiscalía, comprometen la probidad del sistema judicial. El tribunal consideró que su libertad representa un peligro para la sociedad.
En una resolución que sacude al mundo judicial, el exfiscal Manuel Guerra, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por una serie de delitos vinculados a corrupción y abuso de su cargo. La medida cautelar fue decretada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que acogió los argumentos del Ministerio Público respecto a la gravedad de los hechos y el riesgo que implicaría mantenerlo en libertad.
De acuerdo con la investigación, Guerra habría incurrido en delitos como tráfico de influencias, cohecho y revelación de secretos, prevaricación, todos presuntamente cometidos durante su desempeño como fiscal, basado entre otros, en el hallazgo de mensajes de WhatsApp que intercambiaba con el abogado Luis Hermosilla, en el denominado caso audios, jurista cercano a Andrés Chadwick y exasesor del Gobierno de Sebastián Piñera.
La Fiscalía sostiene que el ex persecutor utilizó su posición para favorecer intereses particulares, comprometiendo causas judiciales y accediendo a información reservada que luego habría sido utilizada de forma indebida.
Durante la audiencia de formalización, los fiscales a cargo expusieron antecedentes que darían cuenta de una conducta reiterada en el tiempo. Entre ellos, comunicaciones y gestiones que apuntarían a intervenciones impropias en investigaciones de alta connotación pública, lo que habría debilitado la confianza en el sistema de justicia.
La defensa de Guerra, en tanto, rechazó las acusaciones y aseguró que su representado colaborará con la investigación. Además, calificaron la medida de prisión preventiva como desproporcionada, argumentando que no existirían riesgos procesales suficientes que la justifiquen añadiendo que es ilegal el acceso a las conversaciones privadas de Guerra con el abogado Luis Hermosilla.
Sin embargo, el tribunal estimó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la gravedad de los delitos, la eventual reiteración de conductas y su conocimiento del funcionamiento interno del sistema judicial.
La prisión preventiva se cumplirá en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo será de 45 días.