Por Sebastián Ortiz
Chile es un país de acogida, de encuentro y de esperanza para cientos de miles de personas que han cruzado fronteras buscando una vida mejor. Reconocer a esos inmigrantes como parte del tejido nacional no es sólo un gesto humanitario, es una necesidad democrática. Sin embargo, también es momento de revisar con seriedad los límites y responsabilidades de esa inclusión política, especialmente en lo que respecta al voto presidencial.
Hoy, en virtud de la ley chilena, cualquier persona extranjera con más de cinco años de residencia legal puede votar no sólo en elecciones municipales o parlamentarias, sino también en elecciones presidenciales. En otras palabras, alguien que no ha nacido en Chile, que no ha sido parte de su historia política, ni tiene un vínculo profundo con su identidad nacional, puede influir directamente en la elección del presidente de la República. ¿No es acaso esto un exceso?
No se trata de negar el derecho a voto a quienes han construido una vida en Chile. Muy por el contrario, su participación en elecciones comunales, donde se definen los problemas inmediatos de barrios y ciudades, es legítima y necesaria. También puede serlo en elecciones de diputados o senadores, donde hay una representación más territorial y plural. Pero cuando se trata de decidir el rumbo presidencial del país, el corazón del poder político, la vara debe ser más alta.
Proponer que el voto presidencial esté reservado para quienes tienen, por ejemplo, 10 o más años de residencia no es discriminatorio, es una medida de prudencia democrática. Elegir un presidente es elegir un proyecto de país, y eso implica comprender sus raíces, sus traumas, su historia institucional y su tejido social en toda su complejidad. La residencia prolongada no es sólo una cuestión de tiempo, sino de integración, conocimiento, y compromiso cívico profundo.
Hay países en el mundo que permiten a extranjeros votar en comicios locales, pero muy pocos que les abran las urnas para elegir a su presidente. Chile, con toda su vocación integradora, podría mantener una de las políticas más generosas del continente, pero también puede establecer una distinción razonable entre niveles de representación.
Decidir el futuro del país no es un derecho automático. Es un privilegio que debe construirse con tiempo, responsabilidad y pertenencia. Si queremos una democracia robusta, no basta con abrir las puertas, también debemos cuidar las llaves.