Por Ricardo Rincón González
Abogado, ex parlamentario.
El cierre del año 2024 trajo señales claras de alerta: el déficit fiscal alcanzó el 3% del PIB, superando con creces la meta de 1,8%. A esto se suma una deuda pública que llegó al 42,3% del PIB, y que pone presión sobre las finanzas del Estado. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) fue categórico: urge un ajuste adicional del gasto en 2025 por al menos US$1.500 millones. Y no sólo eso: estima que el próximo gobierno deberá recortar casi US$6.000 millones más para estabilizar las cuentas públicas.
La situación fiscal no admite más evasivas. El actual camino de financiar mayores gastos públicos con deuda o expectativas sobredimensionadas de recaudación simplemente no es sostenible. Más aún cuando las sucesivas reformas tributarias han fallado en su promesa de recaudar lo proyectado, pero sí han comprometido gasto permanente que hoy aprieta las arcas fiscales.
La experiencia reciente en Chile —y también la internacional— muestra que subir impuestos distorsionadores (como el impuesto a las empresas) no ha sido la solución. Por el contrario, ha perjudicado el crecimiento económico, que es justamente la fuente más potente y estable de recaudación fiscal.
El verdadero pacto fiscal que Chile necesita no es uno que sólo prometa más recursos para más gasto, sino uno que ponga en primer lugar la sostenibilidad fiscal. Esto significa reordenar el gasto público, mejorar su eficiencia y priorizar la disciplina. Sin esto, hablar de progreso social es una ilusión.
Por eso, es tiempo de cambiar el foco. Ya no basta con un “pacto por el crecimiento, el progreso social y la responsabilidad fiscal”. La urgencia del momento exige un nuevo orden: un pacto por la responsabilidad fiscal, el crecimiento económico y, en consecuencia, el verdadero progreso social.
Porque sin responsabilidad no hay confianza. Y sin crecimiento, no hay futuro.