Por Ricardo Rincón González
Abogado, ex parlamentario.
Hay errores administrativos que se pueden corregir. Pero hay otros que, por su impacto y contexto, deben acarrear consecuencias políticas inmediatas. El caso del subsecretario de Pesca, Julio Salas, pertenece inequívocamente a la segunda categoría. La entrega de datos falsos o erróneos en el marco de una deliberación legislativa clave, como fue la discusión sobre el nuevo fraccionamiento de cuotas pesqueras, no puede minimizarse ni relativizarse con un simple “fue un error”.
En sesión formal de la Comisión Mixta del Congreso, Salas afirmó que la pesca industrial de merluza común solo había capturado el 61% de su cuota, dando a entender que se trataba de un sector ineficiente, poco competitivo y sobrerrepresentado en el acceso a los recursos pesqueros. Pero esos datos eran objetivamente falsos. La empresa PacificBlu, una de las principales afectadas por la redistribución, demostró —con cifras verificables— que no solo había capturado el 93% de su cuota, sino que en su caso particular la cifra ascendía al 99%.
Las consecuencias de ese “error” son profundas y concretas: la ley fue aprobada en función de un diagnóstico tergiversado, se modificó la distribución de cuotas, se distorsionó el debate parlamentario y se generó un golpe directo a una industria que da empleo formal a miles de personas. PacificBlu ya ha anunciado su cierre a partir de enero de 2026, lo que pone en jaque a más de 1.300 trabajadores y sus familias en la región del Biobío. Este no es solo un problema de cifras: es una crisis social provocada por una actuación administrativa irresponsable.
Lo más preocupante, sin embargo, es la reacción del gobierno. El ministro de Economía, Nicolás Grau, lejos de solicitar la renuncia del subsecretario o al menos iniciar una investigación formal, optó por respaldarlo públicamente, admitiendo que el dato fue errado, pero señalando que “la esencia del análisis sigue siendo válida”. ¿Desde cuándo en democracia se justifica entregar información inexacta bajo el argumento de que la “esencia” es más importante que los hechos?
Ese tipo de lógica abre una peligrosa puerta: la del relativismo institucional. Porque si se puede mentir o errar gravemente en un insumo clave para una ley, y aun así conservar el cargo, ¿qué señal se está enviando al resto del aparato público? ¿A los funcionarios técnicos honestos? ¿A las empresas y trabajadores afectados?
Además, este episodio se produce en medio de un clima de altísima sensibilidad en el sector pesquero, donde conviven tensiones históricas entre lo artesanal y lo industrial, reclamos por sostenibilidad, denuncias de colapso biológico de algunas especies y protestas en las calles. Un subsecretario que desinforma en ese contexto no solo comete un error técnico: profundiza la fractura social y deslegitima al Estado como árbitro neutral.
La credibilidad institucional es un activo frágil, que no se puede reconstruir con comunicados de prensa ni respaldos formales. Solo se recupera con responsabilidad política. Y en este caso, la única forma de demostrar que la verdad, la transparencia y la seriedad importan en el servicio público, es que el subsecretario Julio Salas dé un paso al costado. Por su error, por su impacto, y porque Chile no puede normalizar el uso negligente de los datos como herramienta de gestión pública.
