Un estudio de la Universidad de Chile, identificó barreras de acceso y confianza institucional que ayudan a explicar la baja denuncia en la Región Metropolitana. Sus resultados fueron presentados ante representantes de Carabineros, PDI, Ministerio Público, municipios y organizaciones sociales.
El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile concluyó el Programa Fortalecimiento de la Denuncia, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Santiago junto al Consejo Regional Metropolitano. El evento de clausura, realizado en el Salón de Honor de la casa de estudios, reunió a autoridades de Carabineros, la PDI, el Ministerio Público, municipios y organizaciones sociales para debatir sobre el acceso, la confianza y la respuesta institucional ante la delincuencia.
Uno de los ejes centrales del diagnóstico fue la magnitud de la “cifra oculta”. Según datos de la ENUSC 2023 analizados por el programa, solo uno de cada tres delitos (32,5%) se denuncia en la Región Metropolitana. Durante la presentación, la investigadora María José del Solar, explicó que la decisión de no reportar se vincula fuertemente con la desconfianza en la capacidad de respuesta del sistema y con las dificultades del proceso. Asimismo, entre el 95% y el 99% de las denuncias se concentran en Carabineros y de forma presencial.
Las autoridades académicas recalcaron la urgencia de coordinar esfuerzos interinstitucionales. El decano subrogante Ariel Ramírez afirmó que la comunidad debe ser parte activa del proceso, mientras que el director del CESC, Claudio González, advirtió que facilitar el acceso y mejorar la atención oportuna son claves para superar las barreras actuales. Desde el Gobierno de Santiago, Mauro Mercado valoró la articulación territorial desplegada en las 52 comunas de la región.
El programa capacitó a más de 500 vecinos, 370 dirigentes sociales y 130 funcionarios municipales, además de lanzar la plataforma web tudenunciacuenta.cl. Durante el panel de discusión, representantes policiales y de la fiscalía coincidieron en los desafíos pendientes: Carabineros destacó el uso de tecnología como el CAD móvil y la Comisaría Virtual; la PDI enfatizó en agilizar el vínculo ciudadano; y el Ministerio Público reconoció la paradoja de haber burocratizado el proceso al exigir mejores antecedentes. El estudio deja en evidencia que Arica e intercomunas exigen mantener una permanente vigilancia institucional y normativa.