El reciente escándalo que involucra a la Fundación ProCultura y su presunta participación en el financiamiento irregular de la campaña presidencial de Gabriel Boric representa un golpe devastador a los principios de transparencia y probidad que este gobierno prometió defender.
Según las investigaciones del Ministerio Público, se han revelado indicios de que fondos públicos asignados a ProCultura fueron desviados para financiar campañas políticas, incluyendo la del actual Presidente, tesis que de comprobarse acreditaría, de paso, el por qué de la arremetida en su minuto de La Moneda para cuestionar la interceptación telefónica por el Fiscal a cargo al propio Presidente de la República. De hecho estas nuevas acusaciones se basan en interceptaciones telefónicas y testimonios que sugieren una posible triangulación de recursos estatales hacia fines electorales .
La magnitud de este caso es alarmante. En 2021, ProCultura recibió $316 millones en convenios con el Estado, cifra que se disparó a más de $3.200 millones en 2022, coincidiendo con el inicio del mandato de Boric . Este aumento exponencial plantea serias dudas sobre la asignación y supervisión de fondos públicos.
Lo más preocupante es el silencio del gobierno frente a estas revelaciones. La falta de una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades no solo socava la confianza pública, sino que también contradice los valores de transparencia y ética que se proclamaron durante la campaña presidencial.
Es imperativo que el gobierno asuma su responsabilidad y colabore plenamente con las investigaciones en curso. La ciudadanía merece una explicación transparente y medidas concretas para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y en beneficio de todos.
La credibilidad de las instituciones democráticas depende de la integridad de sus líderes y de su compromiso con la rendición de cuentas. En momentos como este, es esencial que se priorice la verdad y la justicia sobre cualquier interés político o personal.
El caso ProCultura debe ser un llamado de atención para reforzar los mecanismos de control y fiscalización de los fondos públicos, y para recordar que la confianza ciudadana es un recurso invaluable que no debe ser traicionado.