Editorial
Chile atraviesa una de las crisis habitacionales más severas de su historia reciente. Con más de 750.000 viviendas deficitarias —una cifra que crece año a año— el llamado “Plan de Emergencia Habitacional” (PEH) impulsado por el gobierno se ha convertido en una promesa a medio cumplir y, en muchos aspectos, en una política mal diseñada. A solo 17 meses de que expire el plazo para construir las 260.000 viviendas comprometidas, todavía falta ejecutar más del 40% del total. Los números no dan y la gestión tampoco.
Uno de los elementos más críticos de este fracaso es la falta de previsión frente al aumento explosivo de los costos de construcción, que ha sido evidente desde 2021. El costo fiscal por subsidio habitacional ha subido en más de un 230% desde 2010, pasando de UF 248 por unidad a UF 828 a fines de 2024. Sin embargo, el gobierno no ajustó a tiempo los subsidios ni modificó los criterios de elegibilidad ni los topes de precios en zonas urbanas de alto costo. Resultado: cientos de proyectos paralizados, licitaciones desiertas y promesas incumplidas a familias vulnerables.
A esto se suma la lentitud e ineficiencia de la permisología urbana y ambiental, que sigue siendo una muralla infranqueable para muchos proyectos. El propio Ministerio de Vivienda ha reconocido que hay múltiples obras listas para iniciar que no pueden avanzar por trabas administrativas municipales o sectoriales. La prometida agilización de permisos nunca llegó. Y cuando llega, ya es demasiado tarde o termina chocando con regulaciones contradictorias entre distintas reparticiones públicas.
Pero si hay un símbolo del naufragio, es el Programa de Integración Social DS19, inicialmente concebido como una solución innovadora para unir a familias de distintos ingresos en barrios bien localizados. Hoy es uno de los eslabones más debilitados de toda la cadena habitacional. El DS19 enfrenta tres problemas simultáneos:
- Financiamiento inadecuado: el subsidio no ha sido reajustado al ritmo de los precios del suelo ni los materiales. Muchos proyectos hoy simplemente no cierran financieramente.
- Ubicación inviable: los suelos bien ubicados se han vuelto prohibitivos, y el sistema sigue exigiendo estándares de localización que no se pueden cumplir sin un mayor copago o un rediseño completo del modelo.
- Desincentivo privado: inmobiliarias medianas que antes participaban activamente han comenzado a abandonar el programa. Prefieren proyectos sin subsidio o simplemente están dejando de construir.
El resultado es que el DS19, que debía representar un 20% del total de viviendas del PEH, hoy tiene un avance muy por debajo de lo proyectado. Lo que se prometió como “integración” está quedando como terreno baldío y carteles de “proyecto suspendido”.
Todo esto pone en evidencia un problema más profundo: el gobierno no ha entendido que construir viviendas sociales no es solo una cuestión de voluntad política, sino de gestión, previsión técnica y adaptación constante a las condiciones del mercado. El Minvu actúa como si bastara con asignar subsidios y contar unidades; pero sin suelos, sin permisos y sin privados interesados, esos subsidios son papel mojado.
Chile necesita con urgencia una reforma estructural a su política habitacional. Eso implica reevaluar completamente el DS19, actualizar los valores subsidiables, acelerar de verdad los permisos y —sobre todo— abandonar la lógica del voluntarismo burocrático. La vivienda es un derecho, pero también es un sistema técnico y financiero complejo que no puede funcionar a punta de discursos.
Si el gobierno no toma medidas ahora, lo que quedará en 2026 no será un legado, sino un déficit histórico agravado. Y esta vez no podrá culpar a los gobiernos anteriores.