Rafael Pastor Besoain. Decano Facultad de Derecho, U. Central.
Los casos de destitución de ministros y jueces del poder judicial, configuran una crisis profunda, donde la probidad y la independencia de la judicatura han quedado seriamente cuestionadas.
En efecto, los llamados caso “Audios” y “Muñeca Bielorrusa”, que revelaron el tráfico de influencias y la filtración de información, evidencian fallas estructurales en el sistema del gobierno judicial. El problema de fondo no es solo la conducta individual de algunos magistrados y abogados, sino la vulnerabilidad del sistema de nombramientos y los controles disciplinarios internos.
Las denuncias sobre la concertación con abogados externos para influir en designaciones y la falta de imparcialidad afectan la esencia del Estado de Derecho. La justicia, pilar de la democracia, ve deteriorada su legitimidad cuando se sospecha de sus decisiones y nombramientos.
Esta práctica, además de debilitar la independencia del Poder Judicial, contamina otros mecanismos de control constitucional, como la acusación constitucional. Cuando estas acusaciones se presentan de manera apresurada, en plena coyuntura electoral o con fines de posicionamiento político, la ciudadanía percibe no un acto de fiscalización democrática, sino una extensión de la lucha partidaria.
Esos casos son síntomas de un sistema que necesita una reforma urgente. Para ello pareciera necesario separar las funciones jurisdiccionales (juzgar) de las administrativas, económicas y disciplinarias, las cuales históricamente han recaído en la E. Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, como a su vez, crear dos órganos autónomos que se aboquen, el primero a la gestión, desarrollo y evaluación de la carrera judicial, y otro que se dedique a la selección y nombramiento de jueces. Como en toda reforma institucional grande, el diablo estará en los detalles, los cuales, a esta altura, ya no pueden seguir esperando.