Por Ricardo Rincón González. Abogado.
Una playa, una reposera y un pie enyesado. Esa fue la imagen elegida por la Contraloría General de la República para acompañar un informe que no necesita metáforas para escandalizar: más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera de Chile mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024. El dato es tan brutal como sintomático: 35.585 licencias médicas emitidas a trabajadores del Estado, con reposo formalizado, fueron utilizadas como pasaporte para el ocio, el descanso y, en algunos casos, el abuso.
El problema no es sólo individual, es estructural. Lo que este informe revela no es simplemente el aprovechamiento personal de algunos funcionarios, sino el absoluto descontrol del Estado sobre sus propios recursos humanos y los beneficios que entrega. En un país donde se exige a los contribuyentes apretarse el cinturón, donde se congelan becas, se racionaliza el gasto y se pide responsabilidad fiscal, no puede aceptarse que miles de empleados públicos burlen impúnemente el sistema de licencias médicas, con la aparente complicidad del silencio administrativo.
El 69% de estas licencias fueron emitidas por médicos del sistema Fonasa, y el resto por doctores de Isapres. Eso indica que el problema no está circunscrito a un sector específico del sistema de salud, sino que permea toda la estructura de certificación médica, y, lo que es aún más grave, a la fiscalización institucional que debiera evitar estos abusos.
Resulta inaceptable que 13 servicios públicos concentren un 25% de estas licencias sospechosas, y que incluso la propia Subsecretaría de Salud Pública –la entidad que debiera velar por el correcto funcionamiento del sistema de salud y sus certificaciones– figure en el séptimo lugar de este vergonzoso ranking. Cuando el propio Ministerio de Salud aparece como protagonista de este descontrol, se entiende por qué cuesta tanto ordenar la casa.
La Contraloría ha hecho lo que le corresponde: ordenar sumarios, remitir antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Pero esto no puede terminar en sanciones simbólicas ni en el eterno sumario que nunca concluye. Lo que se requiere es una revisión profunda de los protocolos de emisión, validación y control de licencias médicas, especialmente en el aparato público. El uso de tecnologías de cruce de datos, alertas automáticas frente a viajes internacionales y auditorías en línea no son lujos: son urgencias básicas de un Estado moderno.
Porque el verdadero enfermo no es el funcionario que viaja con muletas a Cancún. El enfermo es un sistema público que ha perdido el control de sí mismo, que no se respeta, que tolera el abuso como norma, y que luego exige a los ciudadanos sacrificios que no se exige a sí.
Mientras eso no cambie, la credibilidad del Estado seguirá cayendo, y con ella, la confianza ciudadana que es la base de toda democracia funcional.