Por Ricardo Rincón González, Abogado.
Lo que hoy denuncia la Contraloría General de la República sobre el uso fraudulento de licencias médicas en el sector público no es una sorpresa. Es simplemente la confirmación institucional de un abuso sistemático, conocido por años, tolerado por las autoridades de todos los colores políticos, y que sigue socavando los recursos del sistema de salud y la credibilidad del Estado.
Que más de 25 mil funcionarios hayan salido del país estando con licencia médica es escandaloso. Pero lo que viene puede ser aún peor: los viajes dentro de Chile, imposibles de rastrear sin voluntad fiscalizadora, y que podrían multiplicar las cifras. Un simple cruce de datos por RUT con aerolíneas, buses y registros de alojamiento podría destapar una segunda ola de irregularidades. Y nadie, hasta ahora, lo había hecho.
Lo más grave es que el 5% del 7% de cotización obligatoria en salud de todos los afiliados a FONASA se destina al financiamiento de licencias médicas. En otras palabras, millones de trabajadores chilenos están pagando —sin saberlo— para que miles de funcionarios públicos “descansen” sin control, con licencias médicas que, muchas veces, no tienen justificación clínica real.
Y mientras tanto, el Gobierno responde tarde, con declaraciones vagas y sin abordar los casos cercanos, como el del renunciado directivo de Subtel ni el silencio incómodo sobre la desvinculación de un exministro. No hay medidas concretas, ni una política de prevención clara. No basta con indignarse cuando explota el escándalo: lo responsable habría sido fiscalizar antes.
Pero la solución no puede ser solo más fiscalización. Chile necesita medidas radicales, innovadoras y con incentivos positivos. No podemos seguir premiando el abuso y castigando el autocuidado. ¿Por qué no avanzar en un sistema transparente, que publique (sin vulnerar privacidad clínica) la cantidad de días de licencia por persona, en ambos sistemas —público y privado—? No el diagnóstico, no los tratamientos, pero sí el dato simple: cuántos días de licencia se usaron al año.
Y junto con ello, crear un sistema de incentivos reales al buen comportamiento sanitario: quienes se realizan controles médicos preventivos anuales, quienes registran actividad física verificada, y quienes usan pocas licencias en décadas laborales, deberían poder acceder a rebajas en la cotización de salud, con abono directo a una cuenta de capitalización individual para contingencias médicas. Premiar el autocuidado es también fortalecer la sostenibilidad del sistema.
Hoy, quienes no usamos licencias, quienes hacemos deporte, nos controlamos anualmente y evitamos sobrecargar el sistema, somos castigados con la misma tarifa, el mismo 7%, y sin ningún beneficio visible. ¿No ha llegado la hora de corregir ese desequilibrio? ¿Por qué el sistema sigue premiando al que abusa y no reconoce al que se cuida?
Chile necesita transparencia, sí. Pero también necesita premiar la responsabilidad, estimular el autocuidado y usar la inteligencia artificial para validar actividad física y salud preventiva, y canalizar esos beneficios a futuro. Es posible. Solo falta voluntad.
Porque si seguimos como estamos, el sistema de salud se va a hundir no solo por falta de recursos, sino por exceso de abuso. Y la inacción, en este caso, es cómplice.