Por Enrique González.
La crisis del Ministerio de Justicia ha dejado al descubierto algo bastante más grave que una controversia administrativa. Ha mostrado cómo se ejerce el poder, cómo se distribuyen las responsabilidades cuando las decisiones provocan indignación pública y, sobre todo, qué ocurre cuando quienes tienen la obligación de responder por sus actos intentan refugiarse detrás de explicaciones que no resisten un examen mínimamente riguroso.
Fernando Rabat debe dejar el Ministerio de Justicia. Y Luis Silva, el subsecretario que terminó saliendo del Gobierno en menos de 24 horas después de publicar un video en redes sociales, tampoco puede pretender que su responsabilidad se agota en haber firmado algunos decretos. Ambos participaron desde posiciones distintas en una crisis que afecta directamente la confianza en la justicia, los derechos de las víctimas y la credibilidad de las instituciones.
Pero hay diferencias que importa establecer.
Rabat no es una figura políticamente neutra. Su trayectoria, sus convicciones conservadoras y su identificación con posiciones vinculadas a la defensa del legado de la dictadura de Pinochet son antecedentes que adquieren especial relevancia cuando se encuentra al frente de una cartera cuya responsabilidad fundamental es garantizar el respeto por el Estado de Derecho y los derechos de todas las personas.
No se trata de sostener que una determinada posición ideológica impida ejercer un cargo público. Se trata de exigir coherencia entre las convicciones que se defienden y las responsabilidades que se asumen. Quien dirige el Ministerio de Justicia no puede olvidar que las víctimas, particularmente las de delitos sexuales contra menores de edad, no son una variable secundaria de los procedimientos administrativos.
Y eso es precisamente lo que esta crisis ha puesto en cuestión.
Cincuenta y seis personas condenadas recibieron rebajas de sus penas. No estamos hablando de una discusión académica sobre interpretaciones jurídicas. Estamos hablando de decisiones concretas que alteraron la duración de condenas, con consecuencias reales para las víctimas y sus familias. La explicación de que se habría seguido un determinado criterio jurídico no responde por sí sola a las preguntas fundamentales: quién tomó la decisión, por qué se adoptó, qué alternativas se evaluaron y por qué no se consideraron suficientemente sus consecuencias.
La gravedad aumenta cuando se conoce que entre los beneficiados había ciudadanos venezolanos que se identificaban como integrantes del Tren de Aragua. No corresponde atribuirles una condena por pertenecer a esa organización si no la hubo. Pero sí corresponde preguntarse qué controles y evaluaciones se realizaron antes de adoptar decisiones que podían facilitar su salida anticipada de prisión.
En un país que enfrenta el avance del narcotráfico, del crimen organizado y de la penetración de organizaciones criminales en las instituciones, estas decisiones no pueden examinarse como si ocurrieran en un vacío de seguridad pública.
Pero si la actuación del ministro es cuestionable, la explicación que entregó su subsecretario merece un reproche todavía más específico.
Luis Silva publicó un video para explicar por qué aparecía su firma en algunos de los decretos. Su argumento fue que, cuando el ministro está ausente, el subsecretario lo subroga y, al hacerlo, aplica el criterio fijado por el titular de la cartera. De esa manera presentó su intervención como si firmar hubiera sido una consecuencia prácticamente inevitable de encontrarse ejerciendo la subrogación ministerial.
Esa explicación es falsa en lo sustancial.
La subrogación no convierte al subsecretario en un simple funcionario que presta su firma para materializar decisiones ajenas. Quien subroga al ministro ejerce las atribuciones propias del cargo y asume la responsabilidad administrativa y política que corresponde a su ejercicio. No se trata de un trámite mecánico, de una formalidad notarial ni de una obligación automática de suscribir cualquier decreto que llegue a su escritorio.
Silva no estaba poniendo una firma por encargo, como quien certifica la existencia de un documento. Estaba actuando como ministro subrogante y, por tanto, debía responder por los actos administrativos que suscribía en ejercicio de esa función.
Podía explicar que existía un criterio jurídico establecido por Rabat. Podía incluso sostener que compartía ese criterio y que entendía que debía aplicarlo. Pero lo que no podía hacer honestamente era presentar su propia intervención como si la subrogación lo hubiera privado de toda capacidad de decisión y responsabilidad.
La diferencia es sustancial: una cosa es que el ministro titular haya establecido una orientación jurídica y otra, muy distinta, que quien lo subroga quede convertido en un ejecutor sin responsabilidad propia.
El video omitió precisamente esa distinción. Y al omitirla trasladó hacia Rabat una responsabilidad que también le correspondía asumir personalmente.
La deslealtad política hacia su superior fue evidente. Silva publicó su explicación sin siquiera considerar necesario consultarla con el ministro, como él mismo reconoció posteriormente. Pero el problema no termina allí. Lo más grave es que intentó explicar su participación de una manera que desdibujaba su propia responsabilidad en decisiones de enorme trascendencia pública.
Menos de 24 horas después, estaba fuera del Gobierno.
Estuviera o no de acuerdo con su salida, la decisión del Ejecutivo fue una consecuencia política de su conducta y de la forma en que decidió enfrentar la crisis. No corresponde convertirlo en una víctima de la situación ni presentar su salida como una prueba suficiente de que el Gobierno se hizo cargo de sus errores.
La pregunta que queda es mucho más incómoda: ¿por qué el subsecretario que firmó los decretos y luego entregó una explicación que eludía su responsabilidad sale del Gobierno, mientras el ministro que habría establecido el criterio aplicado permanece en su cargo?
No es aceptable que la responsabilidad se resuelva sacrificando al subordinado y preservando a quien dirigía la institución. Tampoco es aceptable que la lealtad administrativa se transforme en una exigencia de silencio cuando las decisiones de una autoridad superior quedan expuestas al cuestionamiento público.
Rabat debe responder por la conducción del Ministerio. Silva debía responder por sus propias decisiones. Una responsabilidad no elimina la otra.
Y aquí es donde la crisis puede convertirse en una oportunidad para Chile.
La acusación constitucional contra Rabat no debiera terminar reducida a una disputa entre el oficialismo y la oposición, ni convertirse exclusivamente en un instrumento de desgaste del Gobierno. Puede ser la ocasión para alcanzar un acuerdo nacional que resuelva un problema institucional que viene de mucho antes de esta administración.
Porque el problema de los indultos no pertenece a la derecha ni a la izquierda. Los gobiernos de distintos signos políticos han demostrado que el ejercicio de esta facultad presidencial ha estado lejos de la prudencia y de la responsabilidad que exige una decisión capaz de alterar los efectos de una sentencia judicial.
Ningún sector puede atribuirse una superioridad moral en esta materia.
Por eso, la oposición debería aprovechar la acusación constitucional para convocar a un acuerdo país. No basta con exigir la salida de Rabat. Hay que exigir que todos los sectores se comprometan a terminar definitivamente con la facultad presidencial de indultar, incluso renunciando a ejercerla durante sus propios gobiernos.
La propuesta debe ser constitucional, no una simple modificación administrativa. El objetivo debe ser eliminar esta prerrogativa para el actual Presidente y para todos sus sucesores, sin perjuicio de establecer mecanismos humanitarios excepcionales, sujetos a criterios objetivos, garantías para las víctimas y control judicial.
Sería una oportunidad extraordinaria para que la izquierda y la derecha demuestren que son capaces de ponerse de acuerdo en algo que beneficia al país y no solamente a sus respectivas posiciones políticas.
El Presidente Kast tiene una responsabilidad especial. No puede pretender recuperar la credibilidad de su Gobierno manteniendo al ministro cuestionado y ofreciendo como respuesta la salida de su subsecretario. Si realmente quiere marcar una diferencia, debe estar dispuesto a renunciar a una facultad presidencial que históricamente ha generado controversias y que ningún mandatario debiera utilizar como expresión de su voluntad personal.
Y la crisis debe servir también para establecer una inflexión en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La aparición de personas que se identificaban como integrantes del Tren de Aragua entre los beneficiados obliga a revisar los controles estatales y a preguntarse si las instituciones están suficientemente preparadas para impedir que decisiones administrativas terminen favoreciendo los intereses de organizaciones criminales.
La infiltración del Estado no se combate solamente con discursos sobre seguridad. Se combate con instituciones responsables, autoridades que respondan por sus decisiones y procedimientos que no dejen espacios para la arbitrariedad.
Las víctimas de delitos sexuales no pueden seguir siendo las grandes ausentes de las decisiones que afectan el cumplimiento de las condenas. La ciudadanía tampoco puede aceptar que las autoridades se atribuyan el mérito de ejercer el poder, pero que cuando ese poder produce consecuencias cuestionables la responsabilidad siempre termine en otro escritorio.
Rabat debe salir. Silva debe asumir la responsabilidad que le corresponde. Y el Gobierno debe explicar íntegramente lo sucedido.
Pero Chile no puede conformarse con eso.
La verdadera oportunidad consiste en que esta crisis sea la última que tengamos que enfrentar por el ejercicio discrecional de los indultos presidenciales.
Que un Presidente esté dispuesto a renunciar a su propio poder para impedir que sus sucesores lo utilicen es una señal de institucionalidad mucho más valiosa que cualquier declaración sobre el orden, la autoridad o el respeto a la ley.
La autoridad democrática no se demuestra acumulando facultades. También se demuestra teniendo la convicción de que hay poderes que es mejor que ningún Presidente tenga.