La aprobación en Israel de una nueva ley que impone la pena de muerte como castigo por defecto para palestinos condenados por ataques letales ha provocado una inmediata ola de rechazo internacional, reabriendo un debate global sobre derechos humanos, discriminación legal y el uso del castigo capital en contextos de ocupación.
La norma fue aprobada por la Knéset, el Parlamento israelí, con respaldo del gobierno de Benjamin Netanyahu y del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir. El texto establece que los tribunales militares en Cisjordania ocupada, deberán aplicar la pena capital —mediante ahorcamiento, según diversos reportes— a palestinos condenados por ataques considerados “terroristas” que hayan causado la muerte de israelíes. La ley, además, contempla plazos acelerados para la ejecución de la sentencia y reduce ampliamente los márgenes de discrecionalidad judicial.
Aunque Israel mantiene formalmente la pena de muerte en su legislación, no la aplicaba de facto desde hace décadas, y su uso había quedado prácticamente abolido en la práctica. Por eso, la decisión marca un giro radical en la política penal del país y, según sus detractores, lo hace de manera selectiva, ya que la nueva legislación afectaría en la práctica casi exclusivamente a palestinos juzgados bajo régimen militar, mientras que los colonos o ciudadanos israelíes acusados de crímenes similares continúan bajo jurisdicción civil.
Fuerte rechazo desde Europa y Naciones Unidas
La primera reacción internacional llegó desde la Unión Europea, que calificó la medida como “muy preocupante” y como un “claro paso hacia atrás” en materia de derechos humanos. Bruselas recordó que se opone a la pena de muerte “en todos los casos y bajo cualquier circunstancia” y advirtió que esta legislación podría entrar en conflicto con compromisos democráticos y obligaciones internacionales asumidas por Israel.
Desde las Naciones Unidas, tanto la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos como expertos independientes ya habían advertido en semanas previas que una ley de este tipo violaría el derecho internacional, el derecho a la vida y garantías básicas del debido proceso. El Alto Comisionado Volker Türk, había pedido expresamente a Israel abandonar este tipo de iniciativas, señalando que la imposición obligatoria de la pena de muerte es incompatible con estándares fundamentales de justicia.
El presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, criticó abiertamente la medida y sostuvo que no puede considerarse justicia una ley que, en los hechos, sólo recaería sobre palestinos. Sus declaraciones se sumaron a las de otros gobiernos europeos que ven en esta norma un nuevo deterioro del Estado de derecho en Israel.
Las principales organizaciones internacionales de derechos humanos reaccionaron con dureza. Amnesty International sostuvo que la legislación no sólo revive una práctica contraria a los derechos humanos, sino que además “profundiza un sistema discriminatorio” al reservar la sanción más extrema para una población específica bajo ocupación. La organización denunció que la ley podría facilitar violaciones simultáneas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.
En la misma línea, voces críticas dentro y fuera de Israel han advertido que esta medida podría incrementar aún más la tensión regional, dañar la posición internacional del país e incluso abrir nuevas controversias legales en tribunales internacionales.
La aprobación de la ley no significa necesariamente que su aplicación quede zanjada. Diversos medios y analistas señalan que la norma podría enfrentar impugnaciones ante la Corte Suprema israelí, en medio de un clima político cada vez más polarizado y con creciente presión del ala ultraderechista del gobierno.
Más allá de su eventual futuro judicial, la decisión ya ha instalado una señal política potente: Israel vuelve a abrir la puerta a la pena de muerte, y lo hace en una legislación que gran parte de la comunidad internacional considera selectiva, discriminatoria y contraria al derecho internacional. En un escenario marcado por la guerra, la ocupación y la radicalización política, la medida no sólo endurece el conflicto, sino que amenaza con profundizar aún más el aislamiento diplomático del gobierno israelí.