Sin embargo, alcaldes están en alerta para que autoridades emanen un documento formal que asegure que el recurso llegará a las casi 6 mil familias.
Este fin de semana se informó que se mantendrá la entrega de recursos económicos a los municipios para el financiamiento del arriendo de camiones aljibe, para que estos puedan entregar agua potable a más de 6 mil familias, lo que se traduce en al menos 25 mil personas que viven en las zonas rurales de las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé.
La medida tuvo su revés durante la semana pasada, debido a que desde el Ministerio del Interior emanaron el decreto N°856, el que quitaba la entrega de dineros a las mencionadas localidades y que generó reacciones por parte de la comunidad, municipalidades y parlamentarios de la zona.
Esto, luego de que el 1 de agosto, la Dirección de Aguas (DGA) informara mediante el decreto N°155 que solo la provincia de Palena atravesaría escases hídrica, invalidando la medida adoptada en abril de 2021, que le daba la categoría de escases a las cuatro localidades.
Según consignó Austral Osorno, la normativa fue calificada como “irresponsable e inhumana”, ya que la entrega de agua a través de los vehículos se da hace más de una década, dado el déficit en las aguas superficiales y subterráneas en la zona, en vista de que las fuentes de abastecimiento se han secado paulatinamente.
Es por eso que Claudia Pailalef, delegada provincial informó a las alcaldías de las siete comunas afectadas, repartidas en las tres provincias que “estamos dando cumplimiento a lo que señalamos durante la semana, que nadie se quedará sin agua. El reparto se mantendrá de la misma forma que se lleva hasta ahora en los hogares de las familias que dependen del paso de estos vehículos para el abastecimiento del vital elemento” y agregó que están analizando “en el nivel central entre los ministerios del Interior y Obras Públicas para ver la mejor opción de seguir disponiendo de estos recursos”.
Además, la circular N°2 y el decreto 155 se mantendrán vigentes “porque se realizará la asignación no por la escases hídrica, sino por el acceso al agua potable, lo que será definido durante la próxima semana”.
Por eso es que “solicitamos la documentación necesaria nuevamente a los alcaldes para entregarles certezas administrativas. Agradecemos la confianza (…) frente a una situación en la cual hemos sido totalmente transparentes”, indicó la autoridad provincial.
Reacción de autoridades locales
El alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia dijo que esparan que “se cumpla lo acordado verbalmente y los camiones tengan la continuidad, porque la gente depende de esto para tener agua”. Por eso, durante esta jornada esperan “tener un respaldo administrativo y necesitamos (…) que los recursos” se asignen y agregó que “de lo contrario pondremos acciones en tribunales”.
El jefe comunal de Río Negro, Sebastián Cruzat coincidió con su par en que el plan requiere urgencia por un respaldo a través de un documento administrativo, ya que “lo primero es que los camiones sigan pasando de forma normal sin que se suprima el paso por no haber recursos. Pero eso tiene que ir acompañado de todos los temas administrativos correspondientes. Confiamos en lo que nos aseguró el gobierno, pero estamos atentos a que esta situación quede totalmente subsanada” y complementó que “siempre hemos sostenido que la entrega en camiones aljibe es por la inaccesibilidad al agua y no por la crisis hídrica”.
Los dirigentes sociales de distintos puntos rurales de las 7 comunas afectadas aseguran que si no ven continuidad en el servicio de entrega de agua potable, no existirá tranquilidad en las familias y culpan al gobierno de Gabriel Boric de iniciar una alarma que puede que se extienda por meses, ya que se acerca la temporada de verano, donde se requiere el sustento del recurso natural.
Desde la comisión social del CORE, José Luis Muñoz, indicó que “es una medida que va en contra de los derechos fundamentales de las personas, de no contemplar la distribución del agua” y sostuvo que “el tecnicismo se está imponiendo sobre las necesidades reales de las personas. Me parece insólita la medida implementada a través del Ministerio del Interior, dado que a veces nos llenamos de estudios y en ese contexto la realidad dice otra cosa”.
Finalmente, la consejera María Angélica Barraza manifestó que la medida es “irracional, irresponsable y habla de un total desconocimiento de la realidad de nuestros territorios” e invitó a las autoridades a “que dejen los escritorios, recorran las comunas y hablen con los alcaldes para que vean los problemas que existen al respecto. Y, además, lo más importante, es que entreguen recursos para la solución definitiva y permanente a este grave problema”.
Por Sebastián Muñoz Soriano con información de Verónica Salgado
