Por Ricardo Rincón González
Abogado, ex parlamentario
El reciente acuerdo entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para aumentar el salario mínimo a $539.000 en enero de 2026 ha generado preocupación en diversos sectores económicos. Si bien mejorar las condiciones laborales es una meta loable, es fundamental que estos incrementos estén alineados con el crecimiento económico y la productividad del país.
El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha señalado que el compromiso del Gobierno era alcanzar los $500.000 durante su mandato, meta que se adelantó, y que asumir nuevas metas de mediano plazo excede las capacidades del actual Ejecutivo . Sin embargo, el acuerdo actual plantea un incremento que supera las proyecciones de crecimiento económico, estimadas en un rango de 2,2% a 2,4% para 2025, con lo que el Ministro de Hacienda se coloca solo en la contradicción evidente entre lo que sostiene y lo que termina, en definitiva, haciendo y respaldando, añadiendo aún más incertidumbre a su conducción fiscal del país.
Economistas como Vittorio Corbo han advertido sobre los riesgos de aumentos salariales desalineados con la productividad, señalando que podrían tener efectos negativos en la inflación y el empleo. Además, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ha expresado su preocupación por el impacto que estos incrementos podrían tener en las pequeñas y medianas empresas, que podrían enfrentar dificultades para absorber los mayores costos laborales .
Es esencial que las políticas salariales consideren el contexto económico y las capacidades reales de las empresas para evitar efectos adversos como el aumento del desempleo o la informalidad laboral. El equilibrio entre mejorar los ingresos de los trabajadores y mantener la sostenibilidad económica debe ser una prioridad en la formulación de estas políticas, cuestión que, al parecer, al gobierno parece no importarle en lo absoluto.
El riesgo que corre el país con esta política salarial desmedida y sin sustento técnico alguno, son sólo damnificados en serie. El primer damnificado será la hacienda pública que verá aumentar aún más sus costos directos, el segundo las pequeñas empresas, muchas de las que se volverán inviables si ya estaban al límite, el tercero los trabajadores por disminución de las ofertas de trabajo y aumento de la inflación, y el cuarto la economía por obvias razones, la que entrará en una fase de no retorno respecto de su deterioro global.
En conclusión, si bien es fundamental avanzar en la mejora de las condiciones laborales, es igualmente importante que estas medidas se implementen de manera responsable y en consonancia con el crecimiento económico y la productividad del país, caso contrario de los aplausos a los lamentos pasaremos con la rapidez de un rayo y el rugir de un trueno.