Piero Soto Rivas. Académico U. Central.
El ex Ministro de Hacienda Andrés Velasco calificó como “populismo puro” la propuesta de eliminar las contribuciones a la primera vivienda.
La afirmación puede sonar categórica, pero resulta profundamente insuficiente. Reduce un debate complejo a una consigna y descansa en una premisa que no resiste contraste con la realidad: que ser propietario de una vivienda equivale, por definición, a contar con un alto patrimonio y holgura económica.
En Chile existe un universo amplio de personas —clase media, adultos mayores, familias que accedieron a su vivienda con esfuerzo y endeudamiento— cuyos ingresos no crecen al ritmo del avalúo fiscal. Para ellas, el alza sostenida de las contribuciones no es una discusión teórica ni ideológica, sino una presión permanente sobre presupuestos ya estrechos. El valor de la vivienda “en el papel” no refleja su capacidad real de pago. No estamos hablando de acumulación patrimonial ni de rentas inmobiliarias, sino de hogares.
El sistema vigente, además, introduce distorsiones relevantes: encarece la decisión de compra, agrega incertidumbre de largo plazo y castiga especialmente a quienes intentamos convertirnos en propietarios por primera vez. En un país con un déficit habitacional persistente, minimizar estos efectos no es neutralidad técnica, es desatención política.
Por cierto, la política tributaria debe ser responsable y fiscalmente sostenible. Pero cuando la técnica se transforma en un argumento para eludir la equidad, deja de cumplir su propósito. Gravar de manera permanente la vivienda principal —que no es un bien suntuario ni un activo especulativo, sino el principal resguardo patrimonial de millones de familias— termina teniendo efectos regresivos, aun cuando se presente como fiscalmente “correcto”.
Discutir exenciones, tramos diferenciados o mecanismos de alivio no es populismo. Populista es clausurar el debate desde una supuesta superioridad técnica y patrimonial, que desconoce la realidad de quienes no cuentan con los márgenes económicos desde los cuales se formulan este tipo de juicios.
La pregunta de fondo es clara y legítima: ¿queremos un sistema tributario que recaude sin mirar sus efectos, o uno que, además, sea socialmente justo y no penalice el acceso a una vivienda digna? Ese —y no otro— es el debate que vale la pena dar.