En la sesión del día martes 16 de noviembre se consideró el plan de nombramientos vía Alta Dirección Pública propuesto por el
Gobierno. Sin embargo, el senador Cruz-Coke exigió que el Ejecutivo no participe en la toma de decisiones y que la selección
sea 100% vía ADP.
En efecto, este martes, los Senadores de la comisión de Constitución del Senado, en presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, trataron las indicaciones que realizó el Gobierno al sistema de nombramiento de notarios y conservadores de bienes raíces, cuya base se sitúa en nombramientos de Alta Dirección Pública (ADP), modificando
la propuesta original del proyecto, ya sancionada por la Cámara de Diputados, que manteniendo al Poder Judicial en el origen del proceso de selección, instalaba un Consejo Resolutivo de Nombramientos con, incluso, la integración de la Academia y la representación regional universitaria de aquélla.
En esa línea, se acordó que el Ejecutivo elabore una nueva propuesta que recoja las observaciones que realizaron los parlamentarios de la comisión, las que no fueron consideradas plenamente en esta oportunidad, no obstante las diversas indicaciones presentadas por variados senadores, destacándose la indicación que realizó el Senador Luciano Cruz-Coke, quien exigió que la iniciativa sea 100% ADP y que se excluya de las decisiones a las autoridades de Gobierno, entre ellos al Presidente de la República. Esto último de hecho fue despejado por el propio Cordero inmediatamente, quien señaló como un insalvable para el ejecutivo sólo la exclusión del Poder Judicial por ser ella pedida por ese mismo poder del estado, pero declarando estar plenamente abiertos a la no participación presidencial en los nombramientos.
Una de las aristas que no se abordaron en la sesión es el respeto a la paridad de género en la propuesta y en los nombramientos, como asimismo que los representantes de los ministerios de Hacienda y Justicia, junto con las autoridades ADP, integrantes de la futura instancia de selección, deban poseer formación en derecho archivístico, registral y notarial para poder ser parte de ella.
Si se hizo hincapié en la importancia de respetar y considerar la carrera funcionaria en los concursos públicos, junto con no agradar a los Senadores que la propuesta de quina para la decisión final presidencial fuera “reservada”, lo que rompe las normas de transparencia de rango constitucional en Chile e impediría, además, impugnar los concursos y el respeto a las normas del debido proceso en los mismos.
Finalmente, la discusión quedó pendiente para la próxima semana, instando al Gobierno a estudiar la materia de la carrera funcionaria para que se reconozca el mérito, experiencia y trayectoria de los postulantes al liberalizar en extremo, la propuesta de ejecutivo, los concursos públicos.
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