NACIONAL

Justicia rebajó las penas de 22 exagentes de la dictadura sin que un tribunal lo ordenara

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Diecinueve de los indultos se aprobaron durante la gestión de Hernán Larraín, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, mientras que tres ocurrieron con Fernando Rabat.

Una investigación de Reportea, identificó al menos 22 rebajas de condena concedidas por el Ministerio de Justicia a exagentes de la dictadura sin fallos que ordenaran otorgarles el beneficio. Diecinueve se aprobaron durante la gestión de Hernán Larraín, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y tres en la actual administración de Fernando Rabat, bajo el gobierno de José Antonio Kast.

Los tres decretos de 2026 se emitieron en mayo. El primero redujo en 19 meses la pena de César Acuña Luengo, exagente de la CNI condenado por el secuestro calificado de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987. La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al ministerio resolver su solicitud, y el entonces ministro subrogante, Pablo Mira, firmó el decreto que concedió la rebaja.

Rabat firmó los otros dos decretos. Miguel Arias Navarrete, excarabinero condenado por el secuestro calificado de Justo Flores Martínez, obtuvo nueve meses de rebaja. Manuel Cabezas Pérez, exintegrante de la Fuerza Aérea condenado por torturas contra Daniel Pavez y Patricio Rivera, recibió ocho meses. Ambos salieron de Punta Peuco al día siguiente de la firma.

Durante la gestión de Larraín, los beneficios se concentraron entre 2020 y 2021. Entre quienes los recibieron figuran cinco exfuncionarios de la PDI condenados por la tortura y muerte de Claudio Pino Cortés en 1987.

Rabat defendió en T13 Radio que su cartera actuó conforme a la ley y recordó que cuatro fallos obligaron al gobierno de Gabriel Boric a conceder rebajas. El reportaje documentó otras 11 sentencias que respaldaron la negativa de esa administración. Diversos fallos de la Suprema han invocado el Estatuto de Roma y considerado el arrepentimiento y la colaboración con las investigaciones al evaluar estos beneficios.

Los tres decretos de mayo forman parte de la acusación constitucional contra Rabat, que también cuestiona rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores y la información que el ministro entregó al Congreso al explicar el criterio de su cartera.

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