Editorial
En Chile, el principal freno al desarrollo ya no es la falta de ideas ni de capital, sino la burocracia. La excesiva permisología, los tiempos de tramitación irrazonables y la falta de coordinación entre organismos públicos están estancando cientos de proyectos que podrían dinamizar la economía y generar empleo en el corto plazo. Es un obstáculo silencioso, pero devastador.
Frente a esta realidad, la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) ha tomado una iniciativa que merece destacarse: el desarrollo y despliegue de la plataforma PRISMA (Permisos Relevantes con Inteligencia, Seguimiento, Monitoreo y Automatización). Este sistema, basado en inteligencia artificial, ha permitido monitorear en tiempo real más de 500 proyectos de inversión a lo largo del país, detectando cuellos de botella, retrasos injustificados y duplicidades regulatorias que impiden su materialización.
El diagnóstico es alarmante. Según los datos actualizados presentados por SOFOFA, 178 mil empleos directos están hoy en riesgo por proyectos detenidos exclusivamente por barreras administrativas, no por falta de financiamiento, ni por problemas técnicos ni ambientales. Se trata de una cifra que debería escandalizar a cualquier autoridad: en un país con más de 800 mil personas buscando trabajo, tener proyectos con permisos trabados por años es simplemente inaceptable.
La plataforma PRISMA no es un diagnóstico más. Es una herramienta que permite intervenir con datos. Utilizando IA y análisis predictivo, el sistema puede identificar qué permisos sectoriales están retrasando más la inversión, qué organismos públicos son los que presentan mayores tiempos de tramitación, e incluso cuáles regiones enfrentan mayores bloqueos. Todo esto con el objetivo de destrabar, agilizar y coordinar, sin renunciar al cumplimiento normativo.
Sin embargo, lo más grave es que el Estado todavía no actúa con la urgencia que el problema requiere. Los proyectos siguen acumulando retrasos, la plataforma PRISMA aún no se ha integrado al sistema de gestión pública, y las propuestas de reforma a la permisología siguen entrampadas en discusiones inconducentes sobre “riesgos institucionales”, mientras las oportunidades productivas se diluyen.
Chile necesita hoy, más que nunca, una política nacional de facilitación de inversión basada en datos y tecnología. No se trata de debilitar estándares ni pasar por alto evaluaciones ambientales. Se trata de hacer que el aparato público funcione con eficiencia, que los plazos se respeten, y que los permisos no se transformen en un laberinto interminable.
Cuando el Presidente de la República en el día internacional del trabajo llamaba a conversar sin temor sobre la demanda de algunos sectores por negociación ramal, plantearse como urgencia la facilitación de inversiones y la concreción de cerca de 180 mil nuevos empleos, parece un imperativo ético muy superior y aún más necesario que el de la negociación ramal. Sin empleos no hay mucho que negociar obviamente.
Cada mes perdido en tramitación son empleos que no se crean, infraestructura que no se construye, impuestos que no se recaudan. Y es la credibilidad del país la que se erosiona frente a los inversionistas, nacionales y extranjeros.
La plataforma PRISMA ha demostrado que es posible avanzar hacia un Estado más inteligente, menos burocrático y más proactivo. Ahora le corresponde al gobierno estar a la altura y convertir esa inteligencia en acción. Los 178 mil empleos atrapados en los cajones de la permisología no pueden seguir esperando.