Desde FENADAJ advierten que excluir la colación de la jornada implica un retroceso en derechos laborales y exige intervención urgente del Ministerio de Justicia.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ), entidad que aglutina a las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial manifestó su profunda preocupación y rechazo frente al Dictamen N° 136/2026 de la Contraloría General de la República, el cual —según acusan— impacta negativamente la implementación de la Ley N° 21.561 que reduce la jornada laboral a 40 horas.
A través de un oficio dirigido al subsecretario de Justicia, Luis Silva, la organización advirtió que la interpretación del órgano contralor establece que, al disminuir la jornada por debajo de las 43 horas, el tiempo de colación dejaría de considerarse parte de la jornada laboral.
Para la presidenta de la Federación, Victoria Escalante, este criterio “desvirtúa el espíritu de la ley”, ya que en la práctica implica un aumento del tiempo efectivo de permanencia en los lugares de trabajo, afectando directamente a las y los funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial.
La Dirigente sostuvo además que esta interpretación “vulnera derechos fundamentales”, argumentando que “contradice disposiciones transitorias de la ley, desconoce derechos adquiridos y atenta contra el principio de no regresividad en materia laboral”.
En concreto, advierten que la medida podría traducirse en jornadas semanales que, en la práctica, alcanzarían las 44,5 horas.
“Una mejora legislativa orientada a la conciliación de la vida laboral y familiar no puede transformarse en un retroceso para quienes garantizan el acceso a la justicia”, señalaron desde la organización.
En el documento enviado al gobierno, FENADAJ solicita la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para asegurar una correcta aplicación de la normativa, resguardando íntegramente los derechos laborales vigentes.
Finalmente, la Federación informó que se mantiene en estado de alerta y que respaldará todas las acciones necesarias para revertir la interpretación, apelando a que las autoridades adopten un criterio acorde con los principios protectores del Derecho del Trabajo.