Editorial
Chile se enorgullece de su modelo exportador, donde la pesca industrial y artesanal desempeñan un papel crucial en la economía nacional. Sin embargo, la reciente demora de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) en implementar el aumento del 25% en la cuota de jurel acordado para 2025 pone en evidencia cómo la ineficiencia estatal puede socavar sectores productivos estratégicos.
Este retraso no es un mero inconveniente administrativo; tiene consecuencias económicas tangibles. En 2024, Chile exportó jurel por un valor total de 366 millones de dólares . El incremento de la cuota en 204.930 toneladas, a un valor promedio de mercado de aproximadamente 308 dólares por tonelada, representa un potencial adicional de ingresos de alrededor de 63 millones de dólares . Cada mes de retraso en la implementación de esta cuota podría traducirse en pérdidas significativas para la economía nacional.
Además, la demora afecta directamente al empleo en las regiones pesqueras. La industria del jurel sostiene miles de puestos de trabajo en áreas como Biobío, Coquimbo y Valparaíso. El retraso en la asignación de cuotas impide la planificación adecuada de las faenas de pesca y procesamiento, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de numerosos trabajadores.
La falta de sanciones políticas o administrativas frente a estas ineficiencias es alarmante. Cuando las decisiones técnicas no se ejecutan con la celeridad requerida, el Estado no solo pierde credibilidad, sino que también compromete el bienestar de comunidades enteras que dependen de la pesca.
Es imperativo que las autoridades responsables asuman las consecuencias de sus acciones y omisiones. La eficiencia en la gestión de recursos pesqueros no es opcional; es una obligación para garantizar el desarrollo sostenible y equitativo del país.