La Fiscalía Nacional investiga a más de 25 mil trabajadores del sector público que, entre 2023 y 2024, salieron del país mientras se encontraban con licencia médica. La indagatoria apunta a posibles delitos de fraude al fisco y la emisión de permisos médicos falsos. Este jueves, la administración pública enfrenta un nuevo escándalo tras el informe de la Contraloría General de la República.
Este jueves no fue un regreso fácil para los funcionarios públicos tras el feriado por las Glorias Navales. El martes, la Contraloría General de la República dio a conocer una alarmante revelación: más de 25 mil trabajadores fiscales viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencia médica.
A este golpe institucional se suma una nueva y grave complicación: la Fiscalía Nacional, liderada por Ángel Valencia, decidió abrir una investigación penal de oficio para esclarecer posibles delitos de fraude al fisco y, en el caso de los médicos, la eventual emisión de licencias médicas falsas.
La magnitud de los hechos llevó a la Fiscalía a encargarse del caso a través de la Fiscalía Oriente, dirigida por Lorena Parra. Esta unidad ya estaba investigando licencias médicas fraudulentas, por lo que podría integrar las nuevas denuncias a la causa. Los delitos que se investigan van desde el uso malicioso de instrumento público hasta fraude al fisco, dado que los funcionarios involucrados habrían afectado las finanzas públicas al hacer uso de licencias médicas pagadas por Fonasa mientras se encontraban fuera del país.
Según el noveno informe de la Contraloría General de la República, publicado este martes, entre 2023 y 2024 se emitieron 35.585 licencias médicas a 25.078 funcionarios públicos, de las cuales el 69% correspondió a permisos otorgados por Fonasa y el 31% por distintas isapres. En total, estos trabajadores realizaron 59.575 salidas del país durante su período de reposo médico.
El informe detalló que las regiones con mayor cantidad de funcionarios involucrados en estos viajes internacionales son la Región Metropolitana (43,7%), Arica y Parinacota (16,9%) y Magallanes (10%). Además, los organismos más afectados fueron la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Fundación Integra y la Municipalidad de Arica, entre otros.
La Contraloría también señaló que los viajes se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre de 2023 y 2024, con un promedio de 17 días de reposo. Algunos funcionarios llegaron a realizar hasta 30 entradas o salidas del país durante su licencia médica, siendo 13 de ellos responsables de un 25% de las licencias emitidas.
Además, se descubrió el caso de un funcionario del área de salud que, tras otorgarse una licencia médica a sí mismo, utilizó ese tiempo para viajar al extranjero.
Este escándalo ha generado un clima de gran tensión en la administración pública, que ahora se enfrenta a una serie de investigaciones que podrían llevar a sanciones penales para los responsables.