Editorial
El reciente funeral de Carlos Acevedo, alias “Guatón Mutema”, en Quilicura, ha dejado en evidencia la preocupante normalización de la narcocultura en Chile. A pesar de ser catalogado como de “extremo riesgo”, el sepelio se llevó a cabo con una ostentosa carroza Maserati, homenajes de barras bravas y un despliegue policial que, lejos de prevenir, pareció escoltar la ceremonia .
Este evento no es aislado. Según datos de Carabineros, en los últimos cuatro años se han registrado más de 1.500 funerales narco en el país, con 1.152 detenidos durante estos eventos . La proliferación de estos rituales no solo representa una amenaza para la seguridad pública, sino que también consolida la figura del narcotraficante como un “mártir” o “héroe” dentro de ciertas comunidades.
La Ley 21.717, promulgada en noviembre de 2024, busca restringir estos funerales, limitando su duración a 24 horas y otorgando facultades a las autoridades para controlar su desarrollo . Sin embargo, su implementación ha sido tardía y, en muchos casos, ineficaz. La falta de aplicación efectiva de esta normativa refleja una preocupante debilidad institucional frente al avance del crimen organizado.
Es imperativo que el Estado recupere el control de los espacios públicos y refuerce su presencia en las comunidades más vulnerables. La lucha contra la narcocultura no se limita a la represión policial; requiere de políticas integrales que aborden las causas estructurales de la delincuencia, como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social.
No podemos permitir que los funerales narco se conviertan en espectáculos que glorifican la violencia y el crimen. Es responsabilidad de todos —autoridades, sociedad civil y medios de comunicación— rechazar y combatir esta peligrosa narrativa que amenaza con socavar los cimientos de nuestra democracia y convivencia.