Por Ricardo Rincón González
Abogado, ex parlamentario
En Chile, los caminos no son solo rutas de conexión: son hilos que sostienen la vida de comunidades enteras, de norte a sur, entre quebradas, ríos, montañas y mar. Y sin embargo, los tratamos como si fueran eternos. Hasta que llega la tragedia. Hasta que el agua arrasa, el barro sepulta, y la noticia se vuelve costumbre.
La historia está llena de advertencias. El aluvión de Antofagasta en 1991, que dejó más de 90 muertos, arrastró buses, cortó rutas y sepultó vehículos bajo toneladas de tierra. El terremoto y tsunami del 2010, donde puentes colapsaron y la Ruta 5 se quebró como cartón, reveló la fragilidad de nuestra infraestructura ante eventos extremos. Las lluvias de junio de 2023, que aislaron a más de 40 comunas en el Maule y Biobío, y el derrumbe del puente ferroviario en Laja en 2024, fueron nuevas señales: no hemos aprendido lo suficiente.
Hoy, en plena crisis climática, esas amenazas se intensifican. Las lluvias son más intensas, las crecidas más violentas, los suelos más inestables. La pregunta es brutalmente simple: ¿qué va a colapsar la próxima vez?
El Ministerio de Obras Públicas ha dado pasos —planes de adaptación climática, protocolos de emergencia, mejoras de conectividad— y las concesionarias también han reforzado sus operativos en fechas críticas. Pero eso no basta. Porque la tragedia no avisa en feriados. Llega de noche, en invierno, cuando las escuelas están llenas o los hospitales más alejados. Y cuando ocurre, se paga con vidas.
Por eso es hora de exigir tres cosas fundamentales:
Primero, que los puentes, caminos y rutas sean inspeccionados bajo criterios de riesgo real, no sólo de desgaste técnico. No puede haber un nuevo puente Loncomilla, ni una nueva cuesta Caracoles donde colapsar sea cuestión de esperar la próxima tormenta.
Segundo, que el MOP y las concesionarias publiquen sus planes de contingencia en detalle: cuántas cuadrillas hay, dónde están los puntos críticos, qué tiempo de respuesta prometen. Porque si el país entero puede mirar un mapa de incendios en tiempo real, también debe poder mirar uno de infraestructura en riesgo.
Y tercero, que se cumpla la promesa de una infraestructura pública al servicio de la vida, no solo del tránsito o la estadística. No hay razón para que localidades como Licantén, Santa Bárbara o Los Sauces sigan quedando aisladas cada invierno como si la historia no se repitiera una y otra vez.
Los caminos no son números en balances ni flechas en planos. Son arterias de futuro. Y los puentes no pueden ser símbolos de olvido.
Chile ya ha llorado suficientes muertos en sus rutas. Lo mínimo que se exige ahora es memoria. Lo justo, es prevención. Y lo urgente, acción.
