Es el cuarto juez del máximo tribunal del país que es destituido en dos años, un hecho inédito en la justicia del país.
El Senado aprobó este lunes la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue Limare, lo que derivó en su destitución inmediata del máximo tribunal de justicia y en su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.
Con 43 votos a favor, sin abstenciones ni rechazos, la Sala del Senado respaldó el primer capítulo del libelo acusatorio contra Simpertigue, que lo responsabilizó de notable abandono de deberes, al faltar a los deberes de probidad, abstención e imparcialidad en su actuación como magistrado.
La acusación, presentada por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, que incluyó un grupo de legisladores, se centró en tres capítulos que describen distintas presuntas faltas éticas y de conducta en su rol judicial. El primero de ellos, el que finalmente bastó para sellar su salida, sostiene que Simpertigue intervino en la causa BelAz Movitec sin observar los estándares de imparcialidad requeridos, en un caso que terminó en un perjuicio millonario para la empresa estatal Codelco.
Durante el debate, parlamentarios de distintas bancadas destacaron la gravedad de los hechos imputados y la necesidad de defender la confianza pública en el sistema de justicia.
La sesión también abordó otros capítulos del libelo, incluyendo acusaciones relacionadas con posibles conflictos de interés en nombramientos notariales y decisiones en la causa denominada Fundamenta, aunque estos obtuvieron votaciones mixtas en la Cámara Alta.
Tras la votación, Simpertigue se dirigió a la prensa y defendió su trayectoria, afirmando que “me han hecho responsable de la crisis que vive el Poder Judicial” y reiteró que actuó “de buena fe” durante toda su carrera.
La destitución señala un precedente significativo en el ejercicio del control político sobre los altos magistrados, reflejando la tensión entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial en la búsqueda de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Con esta medida Diego Simpertigue se suma a la de los exministros supremos Ángela Vivanco y Sergio Muñoz que fueron removidos de sus cargos, y a las destituciones de Antonio Ulloa y Verónica Sabaj de la Corte de Apelaciones de Santiago.