Rodrigo Torres Santana, Co-fundador & COO MÜUD Inc.
Una adolescente de inicial nombre V del Instituto Regional del Maule, un establecimiento particular subvencionado con sede en la comuna de San Javier, dejó dos cartas antes de morir. En una le escribió a su verdugo: “me hiciste la vida un infierno total. Dejé el furgón para que no me molestaras más y me seguiste molestando en el colegio”. Dos años antes, su madre había pedido, por escrito, que se activara el protocolo. El colegio guardó el papel en un cajón. La Superintendencia de Educación cerró la investigación dos veces con respuestas de una página, mandó a un solo funcionario a hacer tres inspecciones que en total sumaron una hora, y hoy le niega a esa madre el acceso al expediente que decide si su hija importó lo suficiente. Todo esto en un país que tiene ley de convivencia escolar, protocolo de ideación suicida, protocolo de violencia escolar y una plataforma donde cada colegio sube su check list para demostrar que “cumplió”. Cumplió el papel. La niña igual se murió.
Ese es el chiste macabro de la escuela chilena de hoy: convertimos la empatía en un formulario. Un profesor no necesita ver la angustia de una alumna si ya llenó la casilla correspondiente. Un sostenedor no necesita prevenir nada si tiene el acta de la reunión donde “se abordó la situación”. El miedo a la sanción reemplazó al cuidado, y así construimos una fábrica de check lists que no salva vidas, solo protege algo sin importancia; la burocracia.
Y mientras una familia entierra a su hija y demanda al Estado, el gobierno de turno (el mismo que hizo campaña este mes con el eslogan; “hechos, no palabras”) sigue produciendo exactamente eso: palabras convertidas en circulares, ministerios que anuncian nuevos protocolos como si un PDF más pudiera abrazar a una niña que llora en el furgón escolar. Ya van 6 meses de gestión del Gobierno del Presidente Kast y la Superintendencia de Educación sigue funcionando igual de lenta, igual de burocrática, igual de ciega ante lo humano. No hicieron nada distinto: solo le pusieron más papeles al mismo desastre.
No necesitamos otra ley. Necesitamos adultos que miren a los ojos a un niño, niña o adoslecente de que este necesite un protocolo. Pero mirar a los ojos no cabe en ningún formulario, y por eso, en Chile, seguimos prefiriendo el papel a la vida. Preferimos el acta a la conversación incómoda, la reunión de apoderados a la pregunta directa, el sello del sostenedor a la mirada del profesor que sí se dio cuenta pero no quiso “meterse en líos”. Así funciona esta maquinaria: perfecta para deslindar responsabilidades, inútil para evitar una muerte. El día que la Ministra Arzola entienda que la empatía no se decreta, que no existe circular que reemplace a un adulto presente, quizás dejemos de enterrar niños con el consuelo de que “se cumplió el protocolo”. Mientras tanto, sigamos llenando check lists: total, los muertos no reclaman en la Superintendencia.
