El escenario judicial para la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se ha vuelto considerablemente más complejo tras la acusación particular presentada este domingo por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago. El organismo, representado por el procurador fiscal Marcelo Chandía, solicitó penas que en conjunto suman 37 años de presidio, superando los 23 años que había pedido previamente el Ministerio Público.
Según el libelo acusatorio, Barriga lideró una estructura administrativa diseñada para eludir controles, permitiendo una manipulación sistemática de la contabilidad municipal entre los años 2016 y 2021. El CDE sostiene que no se trata de hechos aislados, sino de una “política sistemática de gobernanza municipal fraudulenta” destinada a liberar recursos de forma artificial para financiar eventos, programas y contrataciones que carecían de respaldo económico real, publica La Tercera.
El Consejo de Defensa del Estado cuantificó el perjuicio fiscal en $32.884 millones. Esta cifra se habría originado a través de diversas irregularidades:
- Sobre ejecución del gasto: Realización de desembolsos por encima de las capacidades reales del municipio.
- Ocultamiento de deudas: Eliminación de compromisos financieros de la contabilidad oficial para aparentar disponibilidad de fondos.
- Uso irregular de certificados: Utilización de documentos de disponibilidad presupuestaria para autorizar gastos sin financiamiento.
- Gastos en actos masivos y campañas: Ejecución de programas sociales y comunicacionales sin respaldo financiero, traspasando deudas a administraciones futuras.
Hacia el juicio oral
La investigación ya ha sido cerrada por la fiscalía, marcando el fin de la etapa de recopilación de antecedentes. La próxima instancia clave será el 2 de febrero de 2026, fecha fijada para la audiencia de preparación de juicio oral.
En dicha jornada, se definirán las pruebas que serán admitidas para el juicio y se debatirán las acusaciones tanto de la Fiscalía Oriente como la del CDE y otros querellantes particulares. Se espera que esta sea una de las batallas judiciales más relevantes en materia de corrupción municipal bajo las reglas de la administración financiera del Estado.