Por Ricardo Rincón González, Abogado.
En medio del acelerado avance legislativo del proyecto que reemplazaría al Crédito con Aval del Estado (CAE), una voz técnica y autorizada ha venido a confirmar lo que muchos advirtieron desde el inicio: el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha encendido una alarma institucional sobre los serios riesgos que el nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES) implica para la estabilidad de las cuentas públicas.
Se trata de una advertencia grave. No viene de un sector político ni de un actor gremial. Viene de una entidad cuya misión es velar por la sostenibilidad fiscal del país, y que pocas veces —por no decir nunca— había hecho observaciones tan directas en medio de una tramitación parlamentaria. El CFA señala que el Gobierno no ha entregado estimaciones robustas ni simulaciones confiables sobre cuántos estudiantes se acogerán al sistema, cómo evolucionarán sus ingresos futuros ni qué impacto real tendrá esto en el presupuesto público.
Lo que esto evidencia es que el FES se ha diseñado sin los mínimos estándares de proyección actuarial que un programa de esta envergadura requiere. ¿Cómo es posible proponer una reforma de financiamiento que implica decenas de miles de millones de pesos al año sin modelar escenarios alternativos de riesgo? ¿Cómo sostener que este sistema es más justo y sustentable si no se conocen los costos reales que tendrá para el Estado en una década?
El FES: improvisación con consecuencias
La crítica del Consejo Fiscal se suma a las ya formuladas por las universidades —incluido el Consejo de Rectores (CRUCh)—, por expertos en educación superior y por analistas tributarios. Todos han coincidido en tres aspectos fundamentales:
- Incertidumbre financiera estructural: no hay claridad sobre cómo se cubrirán las garantías de no pago, ni sobre el flujo futuro de egresados con ingresos bajos que quedarían bajo la línea de condonación automática.
- Falta de diálogo técnico: el Gobierno no ha acogido las propuestas de las instituciones académicas ni de los técnicos del Congreso, y ha seguido adelante impulsado más por el calendario político que por la responsabilidad presupuestaria.
- Mensaje populista dañino: prometer condonación y gratuidad sin sostenibilidad fiscal es una bomba de tiempo que debilita la confianza en el sistema y fomenta la morosidad, como ya se ha visto con la caída del cumplimiento en el CAE, el Fondo Solidario y el crédito Corfo.
Un viejo principio olvidado: no hay gratuidad sin responsabilidad
Hasta en la dictadura se entendió que la expansión educativa debía ser progresiva y financieramente viable. Hoy, en un país con democracia plena, se nos propone un programa de financiamiento sin plan de respaldo, sin gradualidad ni evaluación de impacto.
La política pública no puede reducirse a una frase de campaña ni a un gesto simbólico. El FES está diseñado desde la ideología, no desde la evidencia. Si se aprueba en su versión actual, consolida una mala práctica legislativa que pone en riesgo la sostenibilidad de la educación superior, el presupuesto nacional y la credibilidad institucional.
Es hora de frenar esta iniciativa. No para perpetuar el CAE —que ha sido ampliamente mejorado en su tasa, tope y reglas de pago—, sino para construir un sistema serio, sólido y proyectable. Uno que no prometa lo imposible ni dilapide recursos escasos.
En tiempos de estrechez fiscal y bajo crecimiento, lo que Chile necesita no es más voluntarismo, sino más rigor técnico, más transparencia y más responsabilidad intergeneracional.