Por Ricardo Rincón González, Abogado.
Los dichos de la ministra de Defensa, a propósito del funcionario de la FACH descubierto subiendo una maleta a un Boeing 737 institucional con paquetes de ketamina, autoridad que afirmó con desparpajo que la investigación en curso será “traspasada desde la Fiscalía de Aviación al Ministerio Público” porque así se decidió en acuerdo con el comandante en jefe de la FACh, representan un grave atentado al Estado de Derecho y al principio de separación de poderes.
El ordenamiento jurídico chileno es claro y preciso en esta materia: cuando existe una controversia sobre cuál jurisdicción tiene competencia —en este caso, la justicia militar o la ordinaria—, corresponde a la Corte Suprema resolver la contienda. No a una autoridad política. No a un acuerdo administrativo entre ministerio y comandancia. Y mucho menos puede “cerrarse el debate” desde una oficina ministerial por la simple voluntad del Ejecutivo.
Al saltarse este procedimiento, la ministra no solo demuestra un preocupante desconocimiento de las reglas básicas que rigen el sistema de justicia, sino que también envía una señal peligrosa: que la definición de la competencia judicial puede quedar subordinada a decisiones políticas, al margen de la ley y los tribunales.
Los expertos han sido claros: si el Estado de Derecho debe garantizar algo, es que los conflictos de competencia se resuelven por la vía que establece la Constitución y la ley, sin atajos, sin imposiciones ni improvisaciones. Lo contrario abre la puerta a la arbitrariedad y erosiona la confianza en la imparcialidad del sistema de justicia.
No se trata de defender privilegios de la justicia militar, ni mucho menos de impedir una investigación rigurosa y transparente. Se trata de recordar que los procedimientos existen precisamente para proteger los derechos de las personas y evitar que el poder político intervenga donde no le corresponde.
El respeto al Estado de Derecho no es optativo. Y lo que la ministra presenta como una solución rápida es, en realidad, una vulneración grave a los principios fundamentales de nuestra democracia.
Por eso, más allá de la coyuntura, esta declaración debe ser corregida y cuestionada, no solo por razones legales, sino porque expresa una mirada autoritaria que no puede naturalizarse en la conducción del Estado.