El jefe del PS, Daniel Manouchehri dijo que “la gente está cansada de que estos delitos terminen en clases de ética. Acá esperamos que se pueda investigar a fondo y los responsables terminen en la cárcel”.
Durante esta jornada, la Bancada de Diputadas y Diputados del Partido Socialista anunciaron la presentación de la primera querella oficial por el “Caso Hermosilla” o “Caso Audios”, por el delito de cohecho agravado de funcionarios públicos tipificado en el artículo 248 bis del Código Penal. Esto, en el marco de la información trascendida en medios de comunicación por presuntas coimas en instituciones públicas en las también denominadas “Mafias de la Evasión”.
Al respecto, el jefe de la Bancada PS, Daniel Manouchehri, señaló que “estamos interponiendo esta querella porque la gente está cansada de la impunidad. La gente está cansada de que estos delitos terminen en clases de ética. Acá esperamos que se pueda investigar a fondo y los responsables terminen en la cárcel”.
“Estamos en presencia de una situación extremadamente grave porque se ponen en jaque instituciones relevantes para nuestro país. Cuando un grupo se confabula para intentar sobornar a funcionarios públicos se afecta nuestras instituciones y la credibilidad en pilares fundamentales de nuestro Estado”, agregó el legislador por la Región de Coquimbo.
En esa línea, la diputada y segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniella Cicardini, recalcó ante este caso que “es importante que podamos avanzar rápidamente con la reforma tributaria, con respecto a la evasión y la elusión, y también con respecto a la ley del levantamiento del secreto bancario”.
“¿Por qué acá algunos se resisten tanto a perseguir a los delincuentes y a los corruptos? Las personas honestas no tienen nada que temer ni perder y es parte de lo que nosotros hemos dicho como socialistas, que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder clarificar la situación de corrupción que estamos viviendo en nuestro país”, añadió la parlamentaria de la Región de Atacama.
Asimismo, el diputado Daniel Melo, representante del Distrito 13 de la Región Metropolitana, apuntó a que “nuestro país no resiste más casos de corrupción como el que estamos viendo a través de la opinión pública y todo el proceso de investigación que estamos viviendo. Es por eso que esta querella que hemos solicitado, como Bancada del Partido Socialista, quiere avanzar caiga quien caiga. Hay que saber toda la verdad y poder avanzar en recuperar la confianza de las instituciones públicas, porque ese es el país que nos merecemos”.
Finalmente, el diputado por el Distrito 6 de la Región de Valparaíso, Nelson Venegas, recordó que los delitos de cuello y corbata, promulgados como ley este año, “fue también una moción que nació de la Bancada del Partido Socialista porque queremos perseguir a la delincuencia. Pero no la delincuencia común solamente, sino que también este tipo de fraudes que son cometidos por muchas personas que, por tener dinero, por tener recursos, muchas veces no caen o no tienen las penalidades que corresponden. Así que queremos ser coherentes respecto del tema de la seguridad”.
Cámara de Diputados aprueba creación de Comisión Investigadora
En un carril paralelo, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) por el denominado “Caso Hermosilla”, impulsada por el socialista Daniel Manouchehri, con el fin de recabar antecedentes de “las mafias de la evasión” que podría haber en instituciones públicas.
“Hemos impulsado una comisión investigadora del Caso Hermosilla, para poder recabar todos los antecedentes respecto de este grave caso. Queremos conocer el actuar del Estado, las medidas que están tomando, y también revisar las falencias legislativas que pudieran existir”, afirmó el parlamentario del PS.
Cabe destacar que la instancia deberá abocarse a la investigación de antecedentes en los entes públicos respecto de las posibles irregularidades cometidas en la investigación de delitos económicos; control de la evasión y elusión tributaria; malas prácticas; infracciones al principio de probidad administrativa que han incidido en el mercado financiero; eventuales casos de corrupción y pagos realizados a funcionarios públicos; y la existencia de posibles “mafias de la evasión y elusión tributaria” en relación con los hechos investigados.