Editorial
El caso ProCultura ha generado una profunda crisis en el oficialismo chileno, particularmente en el Frente Amplio (FA), al revelarse presuntas irregularidades en la asignación de fondos públicos a la fundación homónima. Las investigaciones han salpicado a figuras cercanas al presidente Gabriel Boric, incluyendo a su expareja Irina Karamanos, quien ha declarado como imputada ante la Fiscalía.
En respuesta, el FA ha denunciado una supuesta estrategia de “espionaje político” por parte del Ministerio Público, acusando al fiscal Patricio Cooper de aplicar tácticas judiciales para desprestigiar al presidente Boric. Sin embargo, esta postura ha generado divisiones dentro del oficialismo, con partidos como el PS y el PPD exigiendo respeto por la labor de la Fiscalía.
Deslegitimar a las instituciones cuando las investigaciones apuntan al propio sector es un recurso peligroso que erosiona la confianza pública y debilita la democracia. Más que denunciar operaciones políticas, corresponde al Frente Amplio colaborar con la justicia y asumir las responsabilidades políticas que se deriven de estos casos.
La ciudadanía espera coherencia entre el discurso y la acción. Si el FA aspira a representar una nueva forma de hacer política, debe demostrarlo con hechos, no con excusas. La transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales; son esenciales para recuperar la confianza perdida.
Es momento de que el Frente Amplio reflexione sobre su rol en esta crisis y actúe con la responsabilidad que el país exige. Solo así podrá contribuir a fortalecer la democracia y avanzar hacia un Chile más justo, transparente y sin privilegios.
