Tras quedar inhabilitada de por vida y recibir una pena de seis años, la expresidenta comienza a cumplir su condena en su domicilio mientras enfrenta desafíos legales y políticos.
Este martes, Cristina Fernández de Kirchner comenzó a cumplir una condena de seis años de prisión en su domicilio en el barrio de Constitución, Buenos Aires. La medida se activó luego de que la Corte Suprema de Argentina confirmara su fallo por corrupción, relacionado con el caso “Vialidad”, en el que se detectó direccionamiento de obras públicas por parte del empresario Lázaro Báez.
La notificación judicial se realizó a través de una videoconferencia, evitando así su presencia en tribunales. La expresidenta se encontraba en su departamento cuando fue informada de la decisión, y se le colocó una tobillera electrónica para supervisar el cumplimiento de la pena. Simultáneamente, se activaron movilizaciones en todo el país bajo el lema “Argentina con Cristina”, en rechazo a lo que sus seguidores califican como una proscripción política.
Además de la condena penal y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, la defensa de Kirchner anunció que presentará recursos ante organismos internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando persecución judicial (“lawfare”). La sanción también le impide participar en las próximas elecciones legislativas.
Varios líderes políticos regionales —incluyendo expresidentes como Lula da Silva y Rafael Correa— han expresado su apoyo, señalando que el fallo representa un precedente en la política judicial latinoamericana.