Rodrigo Torres Santana Co-fundador & COO MÜUD Inc.
Hay errores políticos, hay improvisaciones y hay decisiones que, sencillamente, no tienen explicación. Lo ocurrido en el Ministerio de Justicia pertenece a esta última categoría: 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Mientras el Gobierno hablaba de proteger a la infancia, su propia administración firmaba decretos que beneficiaban a los agresores.
La ironía sería extraordinaria si no fuera tan dolorosa.
Durante años escuchamos discursos de ambos sectores políticos sobre la familia, los niños, la educación y la seguridad. Promesas solemnes y declaraciones grandilocuentes sobre la protección de los más vulnerables. Pero llegó la hora de gobernar y el eslogan chocó con la realidad. Curiosa manera de cuidar a nuestros niños.
Ahora aparece la explicación favorita de la burocracia: la ley y la separación de poderes. Conviene recordar algo elemental: el Gobierno gobierna. La separación de poderes no significa renunciar a las facultades que la legislación entrega al Ejecutivo.
Y hay un antecedente clave. La Ley 21.421, promulgada en 2022, excluyó de estos beneficios a determinados condenados por delitos sexuales contra menores. Su aplicación a condenas anteriores es jurídicamente discutible, pero eso no significa que el Gobierno estuviera obligado por una sentencia judicial a firmar estos 56 decretos.
Tenía alternativas. Podía defender su interpretación ante los tribunales. Podía impulsar cambios legales. Al final, optó por suspender nuevas tramitaciones. La pregunta es inevitable: ¿por qué no hacerlo antes?
Porque gobernar exige experiencia, criterio político y capacidad de anticipar consecuencias. No bastan los discursos preparados ni las fotografías abrazando niños.
Un violador destruye mucho más que la tranquilidad de una familia. Destruye infancias, arrebata la inocencia y deja heridas que pueden acompañar a una persona toda la vida. Detrás de cada expediente hay una víctima que merece protección, justicia y reparación.
Por eso inquieta que decisiones de esta envergadura se justifiquen con interpretaciones jurídicas discutibles, sin dimensionar antes su costo humano. La protección de la infancia no admite dobles discursos ni oportunismos ideológicos.
No podemos normalizarlo. No podemos relativizarlo. Y mucho menos esconderlo tras explicaciones burocráticas. La ciudadanía merece explicaciones, responsables y garantías de que estas decisiones serán revisadas conforme a derecho.
La gente puede olvidar una promesa electoral incumplida. Difícilmente olvidará decisiones que afectaron a niños vulnerados. Porque cuando se trata de proteger a nuestros niños, la improvisación política también deja víctimas.