La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara despachó a la Sala el proyecto que perfecciona las expulsiones administrativas otorgando mayores y nuevas facultades a la Subsecretaría del Interior y a las policías, además de extender los plazos de prohibición de ingreso al país.
Tras el despacho, el presidente de la Comisión, el diputado independiente Rubén Oyarzo, destacó que “esta ley fue ampliamente votada por gran mayoría en la Comisión de Gobierno Interior y quedó despachada a Sala”.
Entre las nuevas medidas, el parlamentario resaltó que “permite que las policías ingresen a recintos donde existan personas con orden de expulsión administrativa”, sin orden judicial.
Asimismo, señaló que con este proyecto “se fijan plazos de prohibición de ingreso de 5 a 10 años, y de 25 en casos de delitos que atentan contra la seguridad del Estado”.
Considerando todo lo anterior, señaló también que la iniciativa “perfecciona el procedimiento de expulsión, velando además por el respeto al debido proceso”.
Igualmente el diputado remarcó que “es una ley muy importante, seguimos dándole prioridad al tema de la migración ilegal, a poder facultar al subsecretario que aumente las expulsiones”.
Las normativa establece además que la expulsión administrativa se hace aplicable ante faltas al orden público. Pudiendo disponer también de la posibilidad de expulsión inmediata de alguien que comete un delito, estableciendo un procedimiento para que el Ministerio Público señale si aquello afecta o no a procesos o investigaciones en curso.
Por último, el legislador enfatizó la importancia de esta ley indicando que “tenemos 30 mil extranjeros con expulsiones administrativas y solamente a la fecha se han expulsado poco más de 500”.
