Histórico informe del INDH califica al enclave como escenario de crímenes sistemáticos y emplaza al Estado a tomar medidas concretas de reparación.
Por primera vez en la historia de Chile, un organismo estatal reconoce oficialmente que las personas afectadas por Colonia Dignidad —actual Villa Baviera— fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Así lo establece un informe de 206 páginas elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentado esta semana y aprobado por unanimidad por su consejo.
El documento califica los hechos ocurridos en el enclave alemán como “una de las más extensas y complejas tramas de abusos sistemáticos conocidas en el país”. Entre sus conclusiones más duras, el INDH afirma que “el Estado no intervino de manera inmediata ni eficaz” frente a décadas de atropellos.
Desde su fundación en los años 60 por el pedófilo alemán Paul Schäfer, hasta bien entrada la democracia, Colonia Dignidad fue escenario de trabajo forzado, torturas, violaciones sexuales, desapariciones forzadas y colusión con la policía secreta de la dictadura (DINA). A partir del golpe de Estado de 1973, el recinto también funcionó como centro clandestino de detención y tortura.
“El caso de Colonia Dignidad representa una deuda histórica del Estado con las víctimas”, afirmó la directora del INDH, Consuelo Contreras, en su última actividad oficial antes de dejar el cargo. “Pocas veces se han concentrado tantos tipos de denuncias en un mismo lugar y durante un período tan prolongado”.
El informe no solo valida institucionalmente a las víctimas, sino que también propone una hoja de ruta concreta: la creación de una comisión oficial que investigue las violaciones desde el origen del enclave y el diseño de una política pública de memoria, justicia y reparación.
Aunque existen múltiples informes, sentencias y querellas, el documento señala que hasta ahora no se había reconocido formalmente la calidad de víctimas de derechos humanos a quienes sufrieron abusos en Colonia Dignidad, salvo en los casos vinculados directamente a la dictadura.
Este nuevo reconocimiento marca un hito en la lucha por verdad y justicia, y abre la puerta a una respuesta institucional que ha sido postergada por décadas.