Durante las últimas semanas, Codelco ha estado en el centro del debate público debido a los desafíos financieros y estructurales que enfrenta la empresa estatal. Ante este escenario, académicos analizan las aristas de la crisis, los escenarios de solución y la relevancia histórica de la cuprífera para el país.
A comienzos de esta semana el gobierno autorizó a Codelco a capitalizar el 100% de las utilidades del ejercicio 2025, equivalentes a 2 mil 423 millones de dólares. La medida, anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, busca reinvertir las ganancias dentro de la empresa en lugar de transferirlas al Estado.
Francisco Sánchez, académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), calificó la decisión como financiera y razonable, advirtiendo que el Estado dejará de recibir recursos inmediatos para el gasto público. Asimismo, aclaró que una parte importante de dichas utilidades corresponde a un efecto contable por la valorización de Novandino Litio, más que a operaciones netas de cobre.
El aumento de la deuda y los problemas de productividad reabrieron discusiones sobre la participación de privados. Mientras la idea de una privatización total fue descartada por el directorio y las autoridades, se evalúan alianzas público-privadas, ‘joint ventures’ y la venta de activos prescindibles para mejorar la eficiencia operativa.
Erwin Hansen (FEN) destacó que sumar a agentes empresariales mediante asociaciones estratégicas es viable para optimizar costos de extracción y tecnología, siempre que el Estado mantenga la propiedad mayoritaria. En la misma línea, Emilio Castillo (FCFM) descartó que los yacimientos estén agotados, explicando que los desafíos responden a una menor ley del mineral y mayor profundidad, lo que exige mayores inversiones.
Históricamente, la privatización nunca se había planteado con fuerza. El historiador Francisco Vidal señaló que una medida de esa naturaleza requeriría una reforma constitucional al marco de la nacionalización de 1971 y al Decreto Ley de 1976, advirtiendo sobre una fuerte resistencia social y sindical. Por su parte, René Saa Vidal (Facultad de Gobierno) concluyó que las asociaciones público-privadas son una alternativa factible y necesaria, siempre que se resguarde el interés nacional y la propiedad estatal de los recursos estratégicos.