La presentación de la abogada Susan Escobar y del presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, suma un nuevo capítulo a la controversia por el proyecto inmobiliario ubicado frente al campo dunar de Concón. La Contraloría también recibió denuncias por presuntas irregularidades urbanísticas y administrativas.
El caso del condominio Boulevard Montemar, ubicado en avenida Concón-Reñaca 4000, sumó un nuevo capítulo el 9 de octubre de 2026, cuando el Colegio de Arquitectos de la Región de Valparaíso, derivó a su Tribunal de Ética la denuncia presentada por la abogada Susan Escobar y Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.
Uno de los antecedentes centrales es la participación del arquitecto Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda del gobierno de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, quien junto al arquitecto Raúl Puelma, tramitó el permiso de edificación N.º 120, otorgado el 30 de diciembre de 2016 a Inmobiliaria y Constructora Boulevard Montemar SpA. por el Director de Obras de la Municipalidad de Concón.
El proyecto contempla viviendas, oficinas, locales comerciales, bodegas y estacionamientos, en un sector próximo al campo dunar de la comuna. La controversia llegó también a la Contraloría General de la República, que acogió a trámite una solicitud para fiscalizar los permisos, las modificaciones posteriores y las actuaciones de los organismos públicos involucrados.
Entre los cuestionamientos formulados por los denunciantes figuran presuntas modificaciones de bienes comunes, diferencias entre planos y autorizaciones municipales, y obras en los pisos 17 y 18 que, según los antecedentes presentados, estarían afectadas por una orden de demolición pendiente de ejecución.
El arquitecto Víctor Quiroz, ha defendido públicamente su actuación. En declaraciones recogidas por El Mostrador, sostuvo que las modificaciones del proyecto fueron aprobadas y recepcionadas, afirmando que los planos bajo su responsabilidad se encuentran en regla.
La derivación al Tribunal de Ética no constituye una sanción ni acredita infracciones. Ahora corresponderá examinar los antecedentes y determinar si existieron eventuales responsabilidades profesionales, mientras la Contraloría revisa los aspectos administrativos denunciados.