A dos décadas de la Revolución Pingüina, los investigadores del CIAE de la U. de Chile Andrés Donoso Romo y Cristian Bellei -quien integró el Consejo Asesor Presidencial convocado tras las movilizaciones de 2006- analizan el legado de un movimiento que transformó el debate educacional, impulsó reformas clave y dejó desafíos pendientes en calidad, equidad, segregación y fortalecimiento de la educación pública.
Era mayo de 2006. Miles de estudiantes de liceos públicos -muchos con sus característicos jumpers, pantalones grises y delantales blancos y azules- tomaron las calles de Santiago y de todo Chile. Pedían pase escolar gratuito, eliminación de la Prueba SIMCE y el fin del lucro en la educación. Pero lo que comenzó como un pliego de peticiones concretas se transformó, en pocas semanas, en algo que nadie había anticipado: una sacudida profunda al modelo educativo heredado de la dictadura. Hoy, a veinte años de la llamada Revolución Pingüina, dos investigadores del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile -Andrés Donoso Romo y Cristian Bellei- hacen el balance. La conclusión es ambivalente: mucho se movió, pero lo más difícil sigue pendiente.
El mito de la juventud apática
Antes de 2006, había una narrativa dominante: los jóvenes no se interesaban por la política ni por los asuntos sociales. Sin embargo, la Revolución Pingüina puso en tensión esa mirada.
“El principal impacto fue que inauguró un ciclo de movilizaciones estudiantiles que hacía patente la existencia de una gran disconformidad -en una parte relevante del estudiantado- con las directrices que estructuran la educación nacional”, explica Andrés Donoso Romo, investigador del CIAE. “Esta constatación sepultó, de paso, la percepción -muy extendida hasta entonces- de que la juventud era indiferente a los asuntos sociales en general y a las materias educativas en particular”.
No fue un episodio aislado, fue el inicio de una era. “En todo el siglo XXI -agrega Donoso- no hemos tenido un solo año sin protestas estudiantiles”.
Los cambios concretos: una ley nueva y un sistema que se reinventa
Para Cristian Bellei, el impacto más duradero fue este: “La Revolución Pingüina cambió el eje del debate sobre políticas públicas de educación en Chile”, afirma. “Sobre todo, problematizó cuestiones de inequidad y de institucionalidad, y el país constató que existían discrepancias importantes -y no un acuerdo tan grande como se había supuesto antes- sobre cuestiones institucionales y de inequidad, de marca mayor”.
Esa constatación tuvo consecuencias legislativas concretas. La presidenta Michelle Bachelet convocó un Consejo Asesor Presidencial -del que el propio Bellei fue parte- para canalizar las demandas del movimiento. El resultado más tangible fue la derogación de la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza heredada de Pinochet, reemplazada por la Ley General de Educación (LGE). “Eso cambia el marco normativo de manera muy importante en la educación chilena: crea derechos de los estudiantes, perfila mejor los ciclos educativos, mejora la relación institucional entre el Estado y los proveedores de educación”, detalla Bellei.
Además, el movimiento abrió la puerta a lo que hoy se conoce como el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que incluye instituciones como la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación. Y sembró las semillas de reformas que llegaron años después: la prohibición de lucrar con recursos públicos, la prohibición de discriminar a estudiantes en procesos de admisión, y el fortalecimiento de la educación pública a través de la desmunicipalización.
Lo que no cambió: la segregación y el fantasma del lucro
Pese a todos estos avances normativos, los investigadores coinciden en que las transformaciones más profundas que exigió el movimiento siguen siendo una asignatura pendiente.
“Las críticas de fondo del movimiento de 2006, entre ellas mejorar la calidad de la educación pública o ‘poner fin al lucro en el sistema educativo’, no fueron atendidas”, sostiene Donoso Romo. “Tanto es así que esta última bandera llegó a ser la gran reivindicación del movimiento universitario de 2011. Ella, hasta el día de hoy, es uno de los grandes pendientes de la esfera educativa”.
Sobre la segregación, el diagnóstico es mixto pero no alentador en lo estructural. El sistema escolar chileno sigue siendo uno de los más segregados de la OCDE, aunque hay señales de mejora. “A partir de las políticas de la última década, el sistema se está desagregando, está más integrado, más inclusivo”, reconoce Bellei. Pero añade una advertencia: “Lo importante es que esos cambios después, en el mediano plazo, lleguen también a la experiencia pedagógica y formativa de los estudiantes”.
En cuanto a la educación pública, la municipalización dejó un sistema fragmentado y desigual durante décadas. El proceso de desmunicipalización -con la creación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)- representa un avance institucional, pero está, en palabras de Bellei, “a medio camino”. “La institucionalidad de los SLEP es muy superior a la institucionalidad de los municipios, y son cambios que son importantes de valorar y de sostener”, afirma.
Andrés Donoso es más taxativo respecto del horizonte histórico: “Desde hace cincuenta años la tendencia a la privatización del sistema educativo se sigue profundizando, un proceso que torna ribetes dramáticos cuando se obliga a una parte importante de nuestra población -aquella que tiene más carencias o necesidades económicas- a participar de un sistema público de educación desmedrado, desfinanciado, y, por lo mismo, con una cuestionable calidad”.
El eslabón entre los pingüinos y el estallido de 2019
Uno de los análisis más reveladores de los investigadores es la conexión directa que trazan entre la Revolución Pingüina y el estallido social de octubre de 2019. No como una cadena de causas y efectos mecánicos, sino como parte de un mismo ciclo de malestar social que encontró formas de expresión cada vez más amplias.
“El movimiento estudiantil, junto a otros movimientos sociales, han sido parte del paisaje que ha dado pie a otras formas de expresar malestar, más complejas, como los estallidos sociales”, señala Donoso. “No es casualidad que fueran algunas protestas de estudiantes de nivel secundario las que inauguraron el estallido social de octubre de 2019”.
La continuidad es clara: 2006, 2011, 2019. Tres momentos de ebullición social, los tres con estudiantes como protagonistas.
La gran deuda: calidad y equidad en el aula
Si tuviera que identificar una sola deuda mayor de estos veinte años, Cristian Bellei la formula así: que todo el esfuerzo institucional y financiero -más recursos, más regulación, más política pública- no se ha traducido aún en una mejora real y medible en la experiencia educativa cotidiana de los estudiantes chilenos.
“El país no lo ha logrado, a pesar de que invirtió mucho más, de que hizo políticas de aseguramiento de la calidad, de las subvenciones con la Subvención Escolar Preferencial, fortalecimiento de la profesión docente”, reconoce. “Son muchas políticas inspiradas en el espíritu de la demanda del movimiento estudiantil, pero su impacto real en mejorar los aprendizajes, la experiencia educativa de los jóvenes, la integralidad de esa experiencia y los logros del país todavía no se ve. Y esa sería, yo diría, la mayor deuda, no solo al movimiento estudiantil, sino para la sociedad chilena”.
¿Qué pedirían los pingüinos de hoy?
Si en 2026 volviera a estallar un movimiento estudiantil de similar magnitud, ¿cuáles serían sus demandas? Ambos investigadores apuntan hacia la misma dirección, aunque con énfasis distintos.
Para Donoso, la historia tiende a repetirse: “Las demandas que se levantan en los grandes movimientos estudiantiles se han tendido a repetir, sobre todo el trasfondo gremial y social que ellas transmiten. No debería sorprendernos que en futuros movimientos estudiantiles se levantaran exigencias que nos resulten familiares. ¿Por una educación pública de calidad? Quizá. ¿Por desterrar el lucro del sistema educativo? Probablemente. ¿Por más y mejor educación? Sin lugar a duda”.
Bellei, en cambio, añade una dimensión nueva que no existía en 2006: la salud mental y el bienestar. “Ha emergido de una manera muy importante la cuestión del bienestar socioemocional y la salud mental de los estudiantes, que se expresa en estas cuestiones de seguridad, convivencia, disciplina, violencia, pero también de manera más profunda: bienestar, calidad de vida, proyección a futuro, capacidad de convivir”. Y agrega algo que lo marcó en su propio paso por el Consejo Asesor: los propios estudiantes interpelaban a los profesores sobre la calidad de su enseñanza. “Lo que apuntaba esa interpelación era que no bastan las reformas estructurales y más recursos, sino que tiene que haber un cambio en la experiencia en el aula, en la escuela, en el liceo”.
En el fondo, sintetiza Bellei, la demanda permanente sigue siendo la misma: “Las oportunidades en Chile son muy desiguales, las condiciones son muy desiguales, la valoración de los esfuerzos son muy desiguales, y los resultados que después se expresan en la vida escolar, universitaria y profesional son también muy desiguales. Y combatir esa desigualdad es la demanda permanente”.
Veinte años después, los estudiantes que marcharon con sus delantales ya tienen más de treinta años. Algunos tienen hijos en el sistema educativo que ellos mismos contribuyeron a cuestionar. El sistema cambió, en parte, coinciden los investigadores del CIAE de la U. de Chile. Pero las preguntas que gritaron en 2006 siguen resonando en los pasillos de los liceos chilenos, esperando respuestas que aún no terminan de llegar.
Andrés Donoso Romo es investigador del CIAE y especialista en historia, educación y cultura. Cristian Bellei es investigador del CIAE, sociólogo y uno de los expertos en políticas educativas más reconocidos del país. Este último fue parte del Consejo Asesor Presidencial convocado tras la Revolución Pingüina de 2006.