La magistrada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago quedó en el centro del debate nacional luego de adoptar una serie de resoluciones que beneficiaron al conductor sorprendido manejando a 264 km/h por la Costanera Norte. La decisión abrió un intenso cuestionamiento sobre los límites de la ley, el principio de igualdad ante la justicia y un eventual trato privilegiado hacia personas vinculadas a familias de alto poder económico.
Un caso que indignó al país
La madrugada del 22 de junio, Carabineros detuvo a un conductor de 38 años que circulaba a 264 kilómetros por hora en un BMW M2 por la Costanera Norte, en la comuna de Vitacura. El exceso de velocidad —más del doble del límite permitido— generó alarma inmediata debido al enorme riesgo para otros automovilistas.
Durante la formalización, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario total, argumentando la gravedad de la conducción temeraria. Sin embargo, la jueza Ximena Rivera Salinas resolvió imponer únicamente:
- Firma mensual.
- Arraigo nacional.
- Mantener vigente la licencia de conducir.
- Rechazar el arresto domiciliario.
- Prohibir que se difundiera públicamente la identidad del imputado.
¿Quién es Ximena Rivera?
Rivera es jueza titular del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago desde 2020 e ingresó al Poder Judicial en 2002. Su trayectoria ha estado ligada principalmente a tribunales penales y anteriormente ha intervenido en causas de alta connotación pública, incluyendo investigaciones por delitos económicos, casos derivados del estallido social y procesos por delitos violentos. En 2025 fue seleccionada para un programa de habilitación de la Academia Judicial destinado a futuros ministros y fiscales judiciales.
Las decisiones que desataron la controversia
La mayor parte de las críticas no se centró únicamente en que el conductor recuperara la libertad.
Especialistas señalaron que la legislación chilena efectivamente limita las medidas cautelares disponibles en casos donde no hubo lesionados ni fallecidos, por lo que la jueza contaba con un margen relativamente estrecho para decretar prisión preventiva o arresto domiciliario.
Sin embargo, la resolución de prohibir divulgar la identidad del imputado fue considerada por numerosos abogados como jurídicamente injustificada.
El exfiscal Carlos Gajardo sostuvo públicamente que un imputado adulto en una causa pública no debía recibir ese nivel de protección, mientras que el académico Cristián Riego calificó la medida como “totalmente ilegal”, argumentando que el proceso penal chileno es esencialmente público y que no existían fundamentos legales para mantener en reserva el nombre del acusado.
El vínculo político que aumentó la polémica
Días después surgió otro antecedente que amplificó el debate.
Diversos medios informaron que el conductor corresponde a Pablo Izquierdo Reyes, integrante de una familia ligada a uno de los grupos empresariales más importantes del país y además primo de la esposa del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.
Aunque el propio ministro reconoció el vínculo familiar, afirmó no mantener relación personal con el imputado y condenó públicamente su conducta, señalando que debía enfrentar todo el rigor de la ley.
Un debate sobre igualdad ante la ley
La resolución provocó una fuerte reacción en redes sociales y entre figuras del mundo jurídico y político.
Las críticas apuntaron principalmente a la percepción de un eventual trato preferente hacia una persona perteneciente a un grupo económico influyente.
En contraste, algunos penalistas defendieron que, más allá de la indignación pública, la jueza actuó dentro de los márgenes que permite la legislación vigente respecto del delito de conducción temeraria cuando no existen víctimas fatales ni lesiones graves.
Un caso que podría impulsar cambios legales
La controversia también abrió una discusión sobre la necesidad de endurecer las sanciones por conducción a velocidades extremas.
Diversos especialistas plantean que el caso evidenció vacíos legales respecto de las medidas cautelares disponibles para este tipo de delitos y reactivó el debate sobre eventuales reformas que permitan suspender inmediatamente la licencia de conducir en situaciones de alto riesgo para la seguridad vial.