El Gobierno presentó este martes dos proyectos de ley que buscan enfrentar el aumento de hechos de violencia en colegios, instalando medidas más estrictas tanto en seguridad como en sanciones dentro del sistema educativo. La iniciativa surge en medio de una creciente preocupación nacional, especialmente tras el homicidio de una inspectora en un establecimiento de Calama que impactó al país.
Las medidas forman parte del plan denominado “Escuelas Protegidas”, junto con una reforma al Código Penal. Entre los principales puntos destacan:
- Revisión de mochilas y pertenencias de estudiantes para evitar el ingreso de objetos peligrosos.
- Prohibición de capuchas u elementos que impidan identificar a los alumnos dentro de los establecimientos.
- Mayor autoridad para profesores en el control del aula.
- Sanciones por interrupción de clases, consideradas faltas graves.
- Inhabilidad para acceder a la gratuidad en educación superior en casos de estudiantes condenados por delitos.
Además, el segundo proyecto propone endurecer las penas incorporando agravantes cuando los delitos se cometan dentro o en las cercanías de establecimientos educacionales.
Estas iniciativas se aceleraron tras una serie de episodios violentos en colegios, incluyendo ataques con armas y amenazas, lo que instaló un debate sobre seguridad escolar a nivel país.
Incluso, en paralelo, ya se han comenzado a implementar otras medidas como detectores de metales en algunos establecimientos, reflejando el giro hacia mayores controles en los accesos.