Editorial
Durante años, las licencias médicas en el sector público han sido tratadas como un problema administrativo, menor, casi técnico. Pero los últimos datos revelados por la Contraloría General de la República —que evidencian un aumento del 321% en el gasto municipal por este concepto en solo una década— obligan a replantear esta mirada: lo que tenemos delante no es una disfunción burocrática, sino una sangría financiera de proporciones estructurales.
En 2015, los municipios chilenos destinaban $92 mil millones al pago de licencias médicas. En 2024, esa cifra se elevó a $388 mil millones. No hablamos de un aumento proporcional al crecimiento económico ni a un alza en la dotación de personal. Hablamos de una curva explosiva e insostenible, que amenaza con desplazar recursos esenciales para educación, salud primaria, seguridad y programas sociales.
La situación es aún más grave si consideramos que el aumento en el gasto de personal también creció, pasando del 3,2% al 5,8%. En 145 de las 345 municipalidades del país, esta relación incluso superó ese promedio. El sistema no solo se está volviendo financieramente inviable, sino que además está desincentivando la eficiencia y premiando la opacidad.
Y es que, seamos francos, no todo corresponde a enfermedad legítima. Las recientes investigaciones de la Contraloría y las múltiples renuncias en el aparato estatal por el uso irregular de licencias lo demuestran: existe una cultura de abuso tolerado, muchas veces incluso incentivado por falta de fiscalización, controles laxos o simple omisión política.
Lo dramático de este fenómeno no es solo el costo directo para las arcas fiscales. Es también el deterioro de la moral institucional, la erosión del principio de responsabilidad pública, y la indignación creciente de quienes, día tras día, cumplen su labor sin faltar, sin abusar y sin excusas.
¿Dónde están las medidas correctivas? ¿Dónde las sanciones ejemplares? ¿Dónde el cruce de información en línea entre prestadores, FONASA, municipalidades y Contraloría que permita frenar este desangre? Si el Estado puede pagar más de $388 mil millones en licencias, también puede —y debe— invertir en tecnología, auditoría y transparencia para proteger los recursos de todos.
No hay reactivación económica, ni pacto fiscal, ni descentralización posible si no somos capaces de poner orden en la administración básica del gasto público. Y las licencias médicas, lamentablemente, hoy son una herida abierta que aún nadie ha logrado cerrar.